En las próximas horas, la Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de La Libertad solicitará la prisión preventiva contra el alcalde provincial de Sánchez Carrión, Roberto Contreras Morales, siete de sus funcionarios y nueve empresarios detenidos por delitos de corrupción en la ejecución de una millonaria obra.
El fiscal provincial Roberto Lecaro Alvarado, quien tiene a cargo la investigación, indicó que cuenta con los elementos probatorios suficientes que demostrarían la ocurrencia de tres delitos graves —colusión agravada, tráfico de influencias y cohecho pasivo propio— en la que habría incurrido el burgomaestre y el resto de detenidos la madrugada de este martes, como parte de un megaoperativo conjunto entre el Ministerio Público, Policía Nacional y Contraloría. (Leer nota: https://buenapepa.pe/un-alcalde-siete-funcionarios-y-nueve-empresarios-detenidos-por-corrupcion-en-millonaria-obra/)
Según explicó el fiscal Lecaro Alvarado, la investigación contra la autoridad edil se inició en el 2019 gracias al testimonio de un colaborador eficaz. Así se hallaron indicios de presuntos actos irregulares en la licitación y direccionamiento de la obra Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en el distrito de Huamachuco, a favor de la empresa Marquisa Sac Contratistas Generales. Esta obra originalmente estaba valorizada en cerca de 94 millones de soles, pero debido a las fallas detectadas que son materia de investigación fiscal, los trabajos costarán 120 millones de soles.
“Tenemos una investigación sólida. No podemos determinar aún si estamos en presencia de una organización criminal, sin embargo, los delitos involucrados son sumamente graves, y están en consonancia con el perjuicio patrimonial que hasta el momento se ha ocasionado al Estado. Estamos hablando de una obra licitada por 120 millones de soles, de tal manera que nuestra teoría del caso se centra en tres delitos graves”, declaró el magistrado.
Aunque el proceso se maneja en estricta reserva, se conoció que la Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de La Libertad aplicó técnicas especiales de investigación — las mismas que se utilizan en casos complejos contra el crimen organizado— que incluyen escuchas telefónicas y un milimétrico seguimiento a los involucrados. Para ello se trabajó coordinadamente con la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) y la Oficina de Inteligencia de la Policía Nacional.
“los delitos involucrados son sumamente graves, y están en consonancia con el perjuicio patrimonial que hasta el momento se ha ocasionado al Estado”
De manera pública no se ha revelado el papel que desempeñó el alcalde Roberto Contreras Morales en el direccionamiento de la millonaria licitación, aunque todo indica que estaría en la cabeza de esta presunta mafia enquistada en el municipio de Sánchez Carrión. Son diecisiete personas investigadas, doce ya fueron intervenidas, cinco faltan capturar. Ellos son funcionarios, empresarios y terceros vinculados a estos actos de corrupción.
“Consideramos que tenemos elementos de convicción graves fundados. Por eso pedimos las medidas limitativas de derechos al Juzgado anticorrupción de La Libertad, el juez ha creído lo mismo por eso dictó la detención preliminar. Las escuchas telefónicas han sido entregadas al juzgado respectivo de investigación preparatoria. Tenemos una investigación que no es episódica, tenemos suficientes elementos”, explicó el fiscal Roberto Lecaro Alvarado.
Vale indicar que, como parte de las diligencias preliminares efectuadas por el Ministerio Público se allanaron inmuebles de los investigados, así como las sedes de instituciones públicas: la Municipalidad de Sánchez Carrión, el Ministerio de Vivienda y la oficina del Osce, ambos en Lima.
“Hemos incautado documentación relacionada con obras, contratos, licitaciones. Se ha intervenido instituciones públicas y privadas. En Trujillo se ha intervenido el Fondo Social Alto Chicama, que es un fondo que se encarga de financiar proyectos producto de fondos de regalías de las empresas mineras. Tenemos que evaluar la documentación en un plazo de siete días”, finalizó el fiscal.
Investigados
Junto al alcalde de Sánchez Carrión están en calidad de investigados: Rufino Rodríguez Román (gerente municipal), Julio Alberto Flores Layza (gerente de Infraestructura, desarrollo urbano y rural), Lucy Cecilia Rojas Sánchez (jefa de la Unidad de Estudios y Preinversión), José David Pantoja Quiroz (subgerente de Logística), Emerson Alexander Pérez Estela (jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos), Lidia Celmira Ramírez Chacón (ingeniera), Eulalia Margot Romero Ortiz (proyectista).
Así como Jorge Luis Quipuzcoa Urdanivia (ingeniero), Pedro Gottlieb Alfaro Araujo (empresario), Rosbinda Iris Contreras Morales (cómplice-empresario), Pedro Gonzalo Vera Bringas (cómplice), Eduardo Marquina Cornejo (representante empresa contratista Marquisa SAC), Iván Francisco Salinas Chacón (residente de Obra), César Augusto Ahumada Vargas (representante legal Consorcio Saneamiento), Segundo Milquisidir Urrutia Vargas (jefe de supervisión de consorcio Saneamiento) y Juan Manuel Salazar Chero (jefe de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras).
Durante su traslado a la comisaría en Huamachuco, el alcalde Robert Contreras aseguró que “se está poniendo a derecho para que se esclarezca todo”. Los delitos por los que se le investiga son colusión agravada, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias.
