Las sedes del Ejército Peruano en las regiones de Piura y La Libertad se encontraron en el ojo de la tormenta cuando varios organismos del Estado intervinieron en la búsqueda de evidencia correspondiente a posibles irregularidades contractuales.
En este operativo participaron auditores de la Contraloría General de la República, representantes del Ministerio Público y oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes acudieron a través de la Dirección Contra la Corrupción.

El personal procedió a incautar una serie de documentos, otorgados por el Ejército Peruano, con la finalidad de examinar información que arroje luz sobre la contratación de servicios de alquiler de vehículos de transporte terrestre durante el año 2021, periodo en el que se detectaron posibles indicios de irregularidades e infracciones a la normativa de contrataciones públicas. Dichas contrataciones involucrarían posibles actos delictivos.
Así se intervinieron en Trujillo
La intervención en La Libertad abordó específicamente las instalaciones de la 32 Brigada de Infantería, con el propósito de investigar presuntos delitos en la contratación de servicios de transporte para trasladar al personal militar durante la segunda vuelta de las Elecciones Regionales y Municipales de octubre de 2021.
Representantes de la Contraloría, cumpliendo con su deber en la recopilación de información, enfocaron sus esfuerzos en revisar las contrataciones públicas en busca de irregularidades que puedan reforzar la investigación en curso encabezada por el Ministerio Público.
La investigación está a cargo del fiscal provincial Roberto Gerardo Lecaro de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad.