El hallazgo de los cuerpos sin vida de cuatro mineros desaparecidos desde el 24 de diciembre en un socavón de la minera Río Francés, en Pataz, La Libertad, evidencia, una vez más, la violencia y el caos generado por la minería ilegal en esta zona andina.
La Policía Nacional del Perú reveló que las víctimas fueron identificadas como Agustín Cibas Leiva, José Yorbil Castillo Castro, Levy Castro Fernández, naturales de Cajamarca, y Luis Miguel Ambulay Pasapera, oriundo de Piura.
La intervención de las autoridades para la búsqueda y rescate de los desaparecidos culminó con el hallazgo de los cuerpos; pero, también, pone sobre la mesa la ineficacia del Estado para garantizar la seguridad en zonas ricas en recursos minerales.
La Libertad es la primera región productora de oro en el Perú. Hasta setiembre del 2024, había logrado, de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, 7319 millones de soles.
Pataz: así fue el ataque
El pasado 24 de diciembre, a pocas horas de Navidad, según relatan los testigos, un grupo de mineros ilegales irrumpió en el socavón la minera Río Francés, lo que generó un derrumbe que acabó con la vida de una persona de inmediato y dejó desaparecidos a otros cuatro trabajadores.
La intervención de las autoridades para la búsqueda y rescate de los desaparecidos culminó con el hallazgo de los cuerpos; pero, también, pone sobre la mesa la ineficacia del Estado para garantizar la seguridad en zonas ricas en recursos minerales.
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) informó que la persona fallecida (Hosler Castro Fernández de 18 años de edad) fue trasladada al Hospital de la provincia de Cutervo, en la región Cajamarca.
La Red de Estudios para el Desarrollo apunta que el auge de la minería ilegal pone en riesgo la sostenibilidad del sector extractivo.
«El incremento de los precios internacionales, junto a la abundancia de yacimientos en La Libertad han atraído a más mineros ilegales, especialmente en provincias como Pataz y Huamachuco», consideró.
La institución consideró que este fenómeno ha ido acompañado de una creciente violencia, la cual ha obligado a las empresas a destinar recursos para hacerle frente.
«Como resultado, las empresas se han visto obligadas a destinar hasta 2 millones de dólares al mes en seguridad, una carga que reduce significativamente los recursos destinados al canon y las regalías, fondos vitales para financiar proyectos de infraestructura y desarrollo en la región», afirmó.
La Libertad: zona de peligro
De acuerdo a una informe de RPP, del 2017 hasta octubre del 2024, en la provincia de Pataz se registraron unos 600 atentados contra los trabajadores de las mineras formales.
Los delincuentes emplean armas de guerras, y sus acciones las ejecutan, principalmente, dentro de los socavones, lo cual evidencia su grado de preparación y temeridad.
El 12 de noviembre, cuatro trabajadores —Francisco Soriano Chávez, Romani Aguirre Medina, Luis Díaz Zelada y Miguel Polo Leiva —de una contratista de Minera Poderosa fueron asesinados cuando realizaban labores extractivas.
Con el afán de frenar la escalada de violencia en esta zona, el Gobierno nacional decretó el estado de emergencia. Sin embargo, esta decisión no ha ayudado a la paz social.
El director del Instituto de Criminología y Estudios Sobre la Violencia, Nicolás Zevallos, consideró que en Pataz ya no es solo cuestión de tener presencia policial, del Ejército y del Ministerio Público.
«Se deben tener equipos especiales dedicados a monitorear, observar e investigar quiénes son los actores criminales y quiénes se dedican al crimen organizado y quiénes a la minería ilegal», sugirió.
