La congresista Milagros Jáuregui Aguayo, miembro de Renovación Popular, ha presentado un proyecto de ley que busca autorizar al Ministerio de Educación y a los gobiernos regionales a suscribir acuerdos con iglesias cristianas evangélicas para la gestión de instituciones educativas públicas de nivel básico.
La iniciativa legislativa tiene como objetivo precisar que las iglesias cristianas evangélicas pueden participar en la administración y gestión de escuelas y colegios públicos de educación básica.
“La finalidad de la ley es precisar que las Iglesias Cristianas Evangélicas pueden suscribir convenios para gestionar o administrar las instituciones educativas públicas de la Educación Básica“, dice la norma.
La propuesta modifica el artículo 71 de la Ley 28044, conocida como la Ley General de Educación, que establece los diferentes tipos de gestión de las instituciones educativas.
Jáuregui, quien es miembro activo de una iglesia cristiana evangélica, ha señalado que la falta de precisión en los artículos 71 y 130 del reglamento de la Ley General de Educación (aprobado mediante Decreto Supremo 011-2012-ED) ha generado interpretaciones divergentes en todo el país.
Colegios: católicos o evangélicos
Actualmente, se considera que solo la iglesia Católica puede suscribir convenios para la gestión de instituciones educativas públicas, excluyendo a otras confesiones religiosas.
Este problema de interpretación literal de la norma va en contra del principio de legalidad, que exige que los funcionarios públicos actúen dentro del marco de lo que establece la ley.
Por lo tanto, la propuesta busca hacer más precisa la aplicación de las normas, permitiendo que las Iglesias Cristianas Evangélicas también puedan participar en la gestión educativa pública.
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La congresista Jáuregui ha enfatizado que esta modificación no solo garantiza la igualdad de oportunidades para todas las confesiones religiosas, sino que también contribuye a una gestión más diversa y eficiente de las instituciones educativas públicas.
La iniciativa se encuentra en proceso de evaluación y debate en el Congreso, y se espera que promueva un diálogo constructivo sobre la participación de las iglesias en la educación pública.