El Ministerio Público presentó una solicitud de 36 meses de prisión preventiva contra la empresaria trujillana Sada Goray y el periodista Mauricio Fernandini, quienes están siendo investigados por su presunta participación en una red de sobornos denunciada durante el Gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
El pedido fue sustentado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder ante el Octavo Juzgado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Los fiscales los acusan del presunto delito de colusión agravada y otros en perjuicio del Estado.
Además, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para Luis Mesones Odar, exdecano del Colegio de Ingenieros de La Libertad; Pedro Arroyo Marquina y Roger Gavidia Johason, quienes también estarían implicados en los presuntos sobornos.
Goray y Fernandini fueron arrestados el 7 de julio en Lima, luego de que el juez Raúl Justiniano Romero, titular del Octavo Juzgado, dictara 10 días de detención preliminar a petición del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción.
Sada Goray: de esto se le acusa
La empresaria está siendo investigada por supuestamente haber realizado pagos de al menos 4 millones de soles a una red corrupta dentro del Ministerio de Vivienda y Construcción, con el objetivo de obtener contratos de obras para su empresa inmobiliaria.
Por su parte, Fernandini es señalado de operar como intermediario en el pago de las coimas entre Sada Goray y el exasesor del exministro de Vivienda Geiner Alvarado, Salatiel Marrufo.
Goray fue detenida en el aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima al regresar desde el extranjero, mientras que el periodista fue intervenido cerca de la embajada de Estados Unidos.
Trascendió que tanto Goray como Fernandini se han acogido a la figura de colaboración sincera con la Fiscalía, buscando obtener penas menos severas en el proceso judicial.
La semana pasada, el Ministerio Público informó a través de Twitter que se llevó a cabo la incautación, allanamiento, descerraje y desposesión de la casa del empresario Alejandro Sánchez en el distrito de Asia, provincia de Cañete, como parte del caso “Gabinete en la sombra”.
Sánchez, quien se encuentra prófugo de la justicia, es uno de los investigados por presuntamente formar parte de una organización liderada por Castillo durante su mandato (2021-2022), la cual se dedicaba a la asignación de contratos públicos a empresas de personas conocidas, así como a la venta de ascensos en las Fuerzas Armadas y a la designación de personas sin experiencia en altos cargos públicos.
Junto con Sánchez, también están prófugos el exministro de Vivienda Juan Silva y el sobrino de Castillo, Fray Vásquez, quien, según denuncias periodísticas, se habría ocultado en la casa de playa en Asia.
Castillo se encuentra cumpliendo una orden de 36 meses de prisión preventiva mientras se le investiga como presunto líder de esta organización corrupta. Además, enfrenta otra orden de 18 meses de cárcel preventiva por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, en relación con el fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre.
