Cayó en menos tiempo de lo que dura un partido del Mundial. En menos de dos horas pasó de su despacho en Palacio de Gobierno a una carceleta policial.
Pasado el mediodía de este miércoles 7 de diciembre, previo al debate de la tercera moción de vacancia en su contra, Pedro Castillo arremetió contra el equilibrio de poderes brindando un mensaje a la nación.
“Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el Estado de Derecho. (…) Disolver temporalmente el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”, mencionó en un mensaje grabado de tres minutos.

Golpe tras golpe
De inmediato, los cuestionamientos llegaron de todos lados: el Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público. Luego, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, gobernadores regionales, alcaldes provinciales, sociedad civil y un largo etcétera.
El Parlamento, que había programado para las 3 de la tarde el debate de vacancia, adelantó dos horas la sesión. En ella se reunieron 101 votos a favor y se oficializó la destitución de Pedro Castillo.
Casi en paralelo, Castillo y su familia abandonaron Palacio de Gobierno, sin imaginar que minutos después sería detenido por la Policía. El exjefe de Estado fue intervenido en flagrancia, sindicado de liderar una organización criminal, y trasladado a la Prefectura ubicada en la avenida España, en el Cercado de Lima.

«Dando cumplimiento a nuestras facultades y atribuciones descritas en el artículo 5 de D.L (decreto legislativo) n.° 1267 Ley la Policía Nacional del Perú (PNP), efectivos PNP intervienen al expresidente Pedro Castillo», escribió la cuenta oficial de ese cuerpo en su cuenta de Twitter.
«Rechazamos el quebrantamiento del orden constitucional y exhortamos a la población a respetar la Constitución Política y a mantener la calma. Asimismo, confiar en las instituciones del Estado», comunicó la Policía minutos antes de confirmar la detención de Castillo.
Daniel Soria, procurador del Estado, presentó una denuncia penal en contra del expresidente por la medida inconstitucional de cierre del Congreso.
Aníbal Torres, expresidente del Consejo de Ministros (PCM) durante gran parte del mandato de Castillo, lo acompañó como su abogado defensor.
El expresidente será denunciado por el delito de rebelión, que según el artículo 346 del Código Penal, se sanciona con una pena no menor de 10 ni mayor de 20 años. “El que se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y expatriación”.

Sin fundamento jurídico
En diálogo con Buenapepa, el abogado constitucionalista Carlos Talledo Manrique, indicó que Castillo se convirtió en un dictador tras romper el equilibrio de poderes con el cierre inconstitucional del Legislativo.
“Con el anuncio del cierre del Congreso entramos en una dictadura absoluta. El Congreso hizo bien en destituirlo. El cierre del Congreso no tiene ningún fundamento jurídico. Castillo no tuvo ningún respaldo para tomar una medida como esa. En 1992, Fujimori tenía el 80 % de aprobación y tuvo respaldo de las Fuerzas Armadas. Castillo no tenía el respaldo ni de la población ni de las Fuerzas Armadas”, indicó.
Sostuvo que la Constitución claramente establece que cuando hay dos denegatorias de confianza de un gabinete ministerial, el presidente puede cerrar el Congreso. “En este caso no hubo ninguna. ¿Cuál es el fundamento para cerrar el Congreso? No existe. Estás rompiendo el sistema democrático”.