En una audiencia llevada a cabo este martes, la Fiscalía de Perú formalizó su petición para que se ordene la detención domiciliaria del expresidente Alberto Fujimori por un periodo de 18 meses. Esta solicitud se enmarca en el proceso relacionado con el asesinato de seis personas en 1992 en la localidad de Pativilca, perpetrado por el grupo militar encubierto Colina.
La audiencia, presidida por el Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio de la Corte Superior Nacional y dirigida por el juez Littman Ramírez, fue el escenario donde la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad presentó los “elementos de convicción” que respaldan su petición. La fiscalía argumenta que la medida busca evitar el riesgo de fuga, ya que Fujimori no está sujeto a ninguna medida coercitiva en la actualidad.
Cabe destacar que el expresidente Fujimori, liberado en diciembre pasado por decisión del Tribunal Constitucional, se opuso rotundamente a la petición, argumentando que esto vulneraría sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la libertad y a la protección de la salud. En su defensa, el abogado del exmandatario, Elio Riera, argumentó la improcedencia del pedido fiscal.
Riera presentó pruebas que incluyen el arraigo domiciliario en la residencia de la hija de Fujimori, Keiko, respaldado por fotografías familiares. Además, señaló un contrato con una editorial para la elaboración de sus memorias, así como una pensión proveniente de su rol como exrector de una universidad, como evidencia de su arraigo laboral. Según el abogado, el pedido fiscal presenta “graves errores de forma y fondo” y debe ser declarado improcedente.
La decisión sobre la detención domiciliaria de Alberto Fujimori queda ahora en manos del sistema judicial, que deberá evaluar los argumentos presentados por ambas partes en este caso que involucra eventos trágicos ocurridos hace más de dos décadas.
Fujimori rechaza arresto domiciliario
Durante la audiencia virtual en la que participó, Alberto Fujimori expresó su rechazo a la posibilidad de una detención domiciliaria, argumentando que para él sería “más que una prisión preventiva“. Afirmó que considera que el pedido fiscal atenta contra sus derechos a la libertad y a la protección de la salud.
Fujimori, quien se autocalificó como “paciente de alto riesgo” a pesar de mantener una salud estable, destacó que no ha realizado “un solo trámite para obtener un pasaporte“. En un gesto inusual, renunció públicamente a la obtención de dicho documento mediante un escrito y cualquier otro procedimiento. Antes de finalizar su intervención, pidió al juez que se estableciera “algún procedimiento” para evitar su salida del país utilizando únicamente el DNI.
El expresidente también ratificó que reside en la casa de su hija Keiko, dependiendo de ingresos como jubilado y los honorarios derivados de la publicación de sus memorias. Destacó que no posee “un solo inmueble” a su nombre.
Al término de sus declaraciones, el juez anunció que, de acuerdo con el Código Procesal Penal, emitirá una resolución en las próximas 48 horas, cumpliendo con los plazos establecidos por la ley.
En otro desarrollo relacionado con este caso, el exasesor Vladimiro Montesinos, conocido como el “hombre fuerte” del Gobierno de Fujimori, aceptó este lunes la acusación por los delitos de homicidio, asesinato y desaparición forzada, y será sentenciado este miércoles.
