Desde la madrugada de este miércoles 20 de setiembre entró en vigor el estado de emergencia en los distritos limeños de San Juan de Lurigancho (SJL), San Martín de Porres (SMP), y también Sullana, en Piura, como parte de un esfuerzo por combatir la delincuencia en estas zonas. Esta medida ha sido tomada por el Poder Ejecutivo a través del decreto supremo 105-2023-PCM.
Estado de emergencia: lo que debes saber
El estado de emergencia se mantendrá vigente durante 60 días, con un horario de aplicación que comprende desde la medianoche hasta las 4 de la madrugada. Durante este período, se han suspendido temporalmente varios derechos civiles, incluyendo la libertad de tránsito, la inviolabilidad de los domicilios, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.
El objetivo principal de esta medida es prevenir y combatir delitos graves como la extorsión, el sicariato, la trata de personas y la delincuencia internacional. El ministro del Interior, Vicente Romero, ha enfatizado la necesidad de tomar medidas más drásticas para abordar la creciente complejidad y ferocidad de la delincuencia común y organizada.
“Esta situación nos obliga como gobierno a radicalizar nuestras acciones para combatir la complejidad y ferocidad que ha adquirido la delincuencia en esta zona declarada en emergencia. Se ha llegado al extremo incluso de colocar bombas y granadas en locales abiertos al público, como se hacía en los peores momentos o épocas del terrorismo. Como gobierno no lo vamos a permitir”, declaró en conferencia de prensa, horas antes de la entrada en vigor de la medida.
Piura y Lima: estos distritos están en emergencia
El despliegue de efectivos de seguridad abarcará distintas zonas en los tres distritos afectados:
Sullana: Las Fuerzas Armadas se encargarán de la seguridad en los distritos de Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa.
San Juan de Lurigancho (SJL): Los militares estarán presentes en Pasamayito, túnel Santa Rosa, Jicamarca y Campoy.
San Martín de Porres (SMP): El control se llevará a cabo en la carretera Canta Callao y las avenidas Tomás Valle, Angélica Gamarra, Universitaria, Perú, Zarumilla, Vía Evitamiento, Caquetá y en el puente del Ejército.
Trabajo en equipo
El decreto supremo también establece la colaboración de los gobiernos regionales y locales en el apoyo a las labores de la Policía Nacional del Perú (PNP). Estas instituciones públicas deberán ayudar en la fiscalización de los transportes públicos y vehículos menores, así como en lugares de diversión y hospedajes.
Además, se otorgan poderes a la PNP para realizar patrullajes integrados, implementar sistemas de videovigilancia y mantener actualizados los mapas del delito y riesgo. Asimismo, se coordinará con diversas entidades públicas para llevar a cabo operativos cerca de los establecimientos penitenciarios.
En Sullana, Las Fuerzas Armadas se encargarán de la seguridad en los distritos de Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) colaborará con la Policía Nacional del Perú para llevar a cabo operativos en el interior de las prisiones como parte de la lucha contra la delincuencia y la criminalidad organizada. Se sabe que muchos de los crímenes que se cometen en las calles se planifican desde las cárceles.
Otras entidades involucradas en este esfuerzo incluyen la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec). Se espera que estas instituciones ayuden a controlar la migración irregular y a identificar a las personas que cuentan con licencias vigentes para portar armas.
El estado de emergencia en SJL, SMP y Sullana representa un esfuerzo conjunto entre el gobierno central, los gobiernos locales y diversas instituciones públicas para abordar la creciente ola de delincuencia en estas áreas y restaurar la seguridad para los residentes.
