Bajo el calor del verano, las playas deberían ser un lugar de esparcimiento y convivencia. Pero en la playa El Planchón en Tacna, cientos de personas fueron testigos de un lamentable acto de discriminación y violencia, exponiendo una problemática que va más allá de la orilla.
En el ojo de la tormenta está un ciudadano identificado como Héctor Naquira, quien reivindica ser el propietario de una parcela de este espacio público, y su cómplice Mauricio Oviedo García, ambos acusados de agresión física y discriminación.
Agresión en la playa: así ocurrieron los hechos
La escalada de tensión comenzó cuando un puñado de veraneantes decidió hacer uso de una de las sombrillas de esteras instaladas en la playa. Según se observa en videos que se viralizaron en las redes sociales, Naquira se acercó, y sin rodeos, les exigió que se retiraran, acusándolos de “invasores“.
Su tono y actitud pronto se envolvieron en un aire discriminatorio al preguntar a los bañistas de dónde venían. Gianfranco Vargas, uno de los testigos y víctimas de la contienda, relató cómo Naquira amenazó con provocar problemas si él y sus acompañantes no abandonaban el lugar.
A pesar de las amenazas, Vargas se aferró a sus derechos, recordando que “la playa es un espacio público”. Desafortunadamente, las palabras se tornaron rápidamente en violencia.
Un miembro de la familia de Vargas recibió un golpe en el rostro, con una lesión en la nariz y fractura de mandíbula. Según Vargas, fue Oviedo el perpetrador de la agresión, llegó incluso a dañarle cuatro dientes a su familiar.
Lo que dice el Tribunal Constitucional
La Policía Nacional fue alertada sobre lo sucedido. Vargas y su familia ahora buscan asesoría legal para llevar a buen término la denuncia contra Naquira y Oviedo.
“La discriminación y las amenazas son inaceptables, y esperamos que las autoridades tomen medidas apropiadas”, expresó el denunciante.
Dada la gravedad de los incidentes, el caso ha incitado un debate sobre el uso de espacios públicos como las playas.
Según el Tribunal Constitucional (TC), las playas no pueden ser privatizadas, garantizando así “el derecho al libre tránsito” y “el disfrute de las zonas costeras por parte de la población”.
El Ministerio Público anunció el inicio de una investigación preliminar contra los agresores.
