El Consejo de Estado, liderado por la presidenta Dina Boluarte, aprobó una propuesta legal que permitiría que los policías y militares sean juzgados en el fuero castrense si utilizan sus armas reglamentarias en situaciones que impliquen delitos.
La decisión forma parte de un paquete de reformas orientadas a reforzar la seguridad pública en el país, en medio de un creciente sentimiento de inseguridad y una lucha constante contra el crimen organizado.
¿Policías y militares blindados?
Según el comunicado de la Presidencia de la República, el uso de la fuerza por parte de los uniformados será sometido a un control previo por parte de la Inspectoría, con el objetivo de evitar abusos o excesos en el ejercicio de la autoridad.
Esta medida, que también establece una coordinación entre distintas entidades gubernamentales, busca fortalecer la lucha contra la criminalidad y dotar a los gobiernos regionales y locales de recursos adicionales para garantizar la seguridad ciudadana.
La decisión de crear un marco legal específico para el uso de las armas por parte de la policía y el ejército se enmarca dentro de una serie de medidas orientadas a frenar la creciente ola de criminalidad que afecta a diversas regiones del país. Sin embargo, estas medidas se toman a pocos días del Foro APEC, que se celebrará del 13 al 15 de noviembre, fecha en la que también se anunciaron movilizaciones a nivel nacional.
Durante la reunión del Consejo de Estado, también se acordó impulsar nuevas leyes que favorezcan la seguridad y permitan la creación de políticas conjuntas de prevención del delito, con énfasis en la protección de menores de edad.
Uno de los puntos más relevantes es la propuesta para regular la situación de los docentes vinculados al Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), considerado el brazo político de la organización terrorista Sendero Luminoso.
El gobierno de Boluarte ha señalado que esta medida busca garantizar que los profesores vinculados a este grupo radical se alejen de los menores y adolescentes, en un esfuerzo por frenar la influencia de ideologías extremistas en las escuelas.
Sendero Luminoso, que fue responsable de la mayor parte de las 69,000 víctimas del conflicto armado interno en Perú entre 1980 y 2000, sigue siendo un tema sensible en la política peruana, y la conexión de algunos sectores educativos con el movimiento ha desatado fuertes críticas.
Medidas adicionales para enfrentar la inseguridad
Además de las reformas en el fuero militar y policial, el Consejo de Estado aprobó varias medidas adicionales en un intento por frenar la corrupción y fortalecer las instituciones de seguridad.
Entre las iniciativas destaca la contratación de policías en sus días de descanso y vacaciones, así como la autorización al Ministerio del Interior para transferir recursos a los gobiernos locales en situaciones de emergencia, permitiéndoles adquirir equipamiento necesario para combatir la criminalidad.
El gobierno también está implementando un régimen especial para las compras del Estado en materia de seguridad, sujeto al control de la Contraloría General de la República, con el fin de garantizar que los recursos destinados a la lucha contra la delincuencia sean utilizados de manera transparente y eficiente.
Lucha contra la corrupción y la extorsión
En un intento por fortalecer la lucha contra la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad, el Consejo de Estado aprobó un endurecimiento de las sanciones penales para aquellos que intenten corromper a militares o policías. Asimismo, se establecieron mecanismos para proteger a los denunciantes, víctimas y testigos de crímenes graves como el sicariato y la extorsión.
Otras medidas incluyen el congelamiento de las cuentas bancarias utilizadas por organizaciones criminales para actividades ilícitas, así como un aumento en las penas para los extranjeros que reingresen al país de manera irregular, especialmente aquellos vinculados con el crimen organizado.
Políticas migratorias y control de fronteras
El gobierno también aprobó nuevas políticas migratorias para regular el ingreso y permanencia de extranjeros en el país. Estas incluyen una revisión de las políticas de movilidad humana, tanto para migrantes y refugiados que ingresan a Perú, como para los peruanos en el exterior que regresan al país.
El control de las fronteras se fortalecerá mediante la implementación de medidas que permitan una fiscalización más rigurosa del ingreso y salida de personas, con el objetivo de evitar la infiltración de bandas criminales y extremistas.
Durante su intervención en la sesión del Consejo de Estado, la presidenta Dina Boluarte destacó la importancia de la unidad entre las distintas instituciones del Estado para enfrentar los retos que presenta la criminalidad en el país.
«Este Consejo abordó, al más alto nivel, temas que no pueden esperar. El Perú se pone de pie para vencer la inseguridad generada por la delincuencia organizada, y garantizar el crecimiento y la estabilidad del país», señaló Boluarte en su discurso.
La mandataria también subrayó los logros alcanzados desde la declaración del estado de emergencia en varias zonas del país a fines de septiembre, destacando la detención de casi 3,000 personas y la desarticulación de 131 bandas criminales en más de 3,100 operativos realizados por las fuerzas de seguridad.
Reacciones políticas y sociales
La aprobación de estas medidas ha generado un amplio debate en la sociedad peruana. Si bien muchos sectores respaldan la necesidad de fortalecer la seguridad, otros han expresado su preocupación sobre el respeto a los derechos humanos y las posibles implicaciones de juzgar a policías y militares en el fuero castrense, particularmente en contextos de uso excesivo de la fuerza.
El gobierno de Boluarte enfrenta críticas tanto de sectores de la izquierda, que consideran que algunas de las reformas pueden vulnerar las libertades fundamentales, como de la derecha, que cuestiona la efectividad de las medidas en la lucha contra el crimen organizado.
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