El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2024 en Perú podría enfrentar serias dificultades logísticas y de seguridad debido a un paro nacional programado por la Coordinadora Nacional de Lucha y el Comité de Gremios de Transportistas del Perú.
Los días elegidos para esta manifestación, el 13, 14 y 15 de noviembre, coinciden con los días centrales del foro, en el que líderes de América y Asia se reunirán en Lima para abordar temas económicos y de cooperación regional.
Las exigencias del paro: derogación de la Ley 32108 y adelanto de elecciones
En conferencia de prensa, el vocero de la Coordinadora Nacional de Lucha, Walter Carrera, confirmó que las protestas buscan la derogación de la Ley 32108, una medida que, según la organización, falla en su objetivo de combatir el crimen organizado y que, además, «blinda» a partidos políticos.
En caso de que el Congreso no derogue la ley, los gremios pedirán un adelanto de elecciones generales, buscando el término anticipado del mandato de la presidenta Dina Boluarte.
“Queremos la derogación de la Ley 32108, pero todos los que protestaron el pasado 23 de octubre quieren algo más. Si el Congreso no deroga esta ley, el pueblo peruano quiere el adelanto de elecciones”, afirmó Carrera, argumentando que el gobierno y el Congreso se han mostrado insensibles al clamor popular contra la extorsión, el sicariato y otros delitos violentos.
«No podemos permitir que nos sigan matando. Ellos (el Congreso) se resisten a la derogación de este paquete de leyes porque blindan a sus partidos y líderes políticos», agregó.
Protestas en la APEC: «Que el mundo vea que Perú vive en inseguridad”
La elección de las fechas de la protesta no es casual. Según Carrera, la intención es mostrar ante el mundo la realidad de inseguridad que vive el país, desmintiendo la imagen de «estabilidad» que, asegura, el premier Eduardo Adrianzén ha intentado proyectar al solicitar que los peruanos eviten «dar un mal espectáculo» durante el evento internacional.
«No estamos en contra del APEC. El premier pide que mintamos, que el Perú es el país de las maravillas, pero el pueblo va a salir a marchar de manera pacífica el 13, 14 y 15 para hacerle ver al mundo que en nuestro país vivimos en una dictadura congresal y en una inseguridad total. Y no como ellos le dicen al mundo, que todo en el Perú está bien», manifestó Carrera, quien extendió la convocatoria a todos los sectores de la sociedad, sin distinción de posición política o situación económica.
¿Paro nacional y continuidad de la APEC en riesgo?
La historia reciente sugiere que los movimientos de protesta pueden afectar la realización de eventos de magnitud mundial. Un caso similar ocurrió en Chile en 2019, cuando el gobierno de Sebastián Piñera canceló tanto la APEC como la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP25) debido a las crecientes protestas sociales.
«No estamos en contra del APEC. El premier pide que mintamos, que el Perú es el país de las maravillas, pero el pueblo va a salir a marchar de manera pacífica el 13, 14 y 15 para hacerle ver al mundo que en nuestro país vivimos en una dictadura congresal y en una inseguridad total».
En aquel momento, el anuncio de cancelación se dio apenas dos semanas antes del inicio de ambos eventos, priorizando la seguridad ciudadana y el restablecimiento de la paz social.
Este precedente no ha pasado desapercibido en el contexto peruano. Los organizadores de la APEC 2024 y las autoridades enfrentan ahora un dilema similar, puesto que el paro amenaza no sólo la movilidad y logística de los asistentes, sino también la imagen del país como sede estable para eventos internacionales.
La convocatoria al paro nacional es una expresión de un clima social marcado por el malestar ante la inseguridad. El Comité de Gremios de Transportistas del Perú, junto con otros sectores, sostiene que el país está sumido en una ola de violencia, con índices de extorsión y asesinatos en aumento. Este contexto ha derivado en un clamor popular para que el Estado tome medidas más efectivas, o incluso convoque a elecciones anticipadas.
Mientras tanto, el gobierno y las fuerzas de seguridad tendrán que gestionar con precisión la movilización y las posibles consecuencias de las manifestaciones previstas. La protesta, más allá de su impacto sobre el APEC, revela una creciente demanda ciudadana de mayor seguridad, paz social y, en última instancia, un cambio profundo en la gestión política del país.
