Luego de capturar a cinco personas presuntamente implicadas en el atentado con explosivos contra la sede del Ministerio Público en Trujillo, Dina Boluarte anunció que su gobierno iniciará las gestiones para que cumplan condena en el penal de Challapalca, ubicado a más de 5 metros de altura.
Entre los capturados se encuentran Erotides Eugenio Mercedes Calderón, alias Pelao; Carmen Flor Castillo Rosario, alias Mami; Juan Carlos Valera Barroso, alias Gordo Tobi; Héctor Alejandro Oliveros Tablante, alias Chamo Héctor; y Camila Cristian Flogia Becerra, alias Cami. Durante la intervención, se incautaron municiones, dinamita y equipos electrónicos que, según las investigaciones preliminares, habrían sido utilizados en actos delictivos.
El operativo fue producto de la intensificación de medidas de seguridad acordadas en un Consejo de Estado Extraordinario, enfocado en combatir la creciente delincuencia en la región La Libertad, donde Trujillo es la capital.
Desde Davos, la presidenta Dina Boluarte indicó que su gobierno enfrenta con severidad a las organizaciones delictivas. La mandataria aseguró que los delincuentes de alta peligrosidad, incluidos los responsables del atentado, serán trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Challapalca, ubicada a más de 5.000 metros de altitud.
“Vamos a poner mano dura y no nos temblará la mano para terminar con la delincuencia que amenaza la paz en nuestro país», declaró Boluarte en una reunión virtual con sus ministros. Asimismo, instruyó la coordinación entre los ministerios del Interior, Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para reforzar las medidas de seguridad.
Atentado a Fiscalía de Trujillo fue una amenaza
El ataque ocurrido el lunes dejó a dos personas heridas y causó graves daños materiales. Según el Ministerio del Interior, el atentado fue una respuesta criminal a las acciones emprendidas contra redes delictivas nacionales y transnacionales.
El comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, señaló que el autor intelectual del ataque sería el cabecilla de una banda criminal encarcelado en el penal de Cajamarca, donde cumple condena por extorsión y secuestro.
Tras el atentado, el Gobierno dispuso la duplicación de militares en Trujillo y ordenó la protección especial para jueces y fiscales que lideran investigaciones contra el crimen organizado en el norte del país. Además, se declaró que la ciudad quedaría bajo el control de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad ciudadana.
Pese a estas medidas, las extorsiones y la detonación de explosivos continúan en varios negocios de Trujillo.
El Gobierno reiteró su rechazo contundente a los actos criminales y su compromiso con la lucha frontal contra la delincuencia que afecta al país. «No permitiremos que el crimen organizado controle nuestras ciudades”, enfatizó Boluarte.
