Adentro, en una casa de esteras y cartones, Raúl Medina Rodríguez remienda su red de pescador y su esposa lava ropa en la sala sentada en un banco casi al nivel del piso de tierra. Afuera, en un sector urbano de Salaverry, un puerto de la región La Libertad, cruza una tubería oscura que transporta combustible. Simula una serpiente recta, negra, que aparece, se esconde y estremece a cualquier extraño.
“Lógico”, contesta Raúl Medina, de 72 años, cuando se le pregunta si tiene temor de que en cualquier momento ese tendido sea el epicentro de una desgracia, parecida o peor a la ocurrida en enero en el mar del Callao, en Lima, la capital del Perú. Su esposa agita la cabeza para confirmar que el miedo es compartido. Luego mira hacia la calle del sector Brisas de Salaverry —donde viven más de 300 familias— y se encuentra con el paisaje de todos los días: unos tubos ennegrecidos que le recuerda lo vulnerable que son.
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Petroperú tiene a lo largo de la costa terminales donde recibe y almacena el combustible que luego distribuye por todo el país. Instaló uno en Bayóvar (Piura), Eten (Lambayeque), Chimbote (Áncash) y Salaverry (La Libertad), entre otros. En este último, el sistema de descarga es similar al que opera la empresa Repsol en el Callao, donde ocurrió, en enero, el daño ecológico más grande del Perú. Es decir, los barcos cisternas acoderan muy cerca de la playa en unas boyas de amarre que cumplen la función de un muelle convencional. Desde allí conectan sus mangueras con el sistema submarino —tendido en el fondo el mar—, el cual aparece en tierra y atraviesa la Asociación de Vivienda Brisas de Salaverry, donde un martes de verano don Manuel y su esposa comparten sus temores.
Pero no son los únicos. Frank Asmat Pantoja (44), un exdirigente vecinal, asegura que hace tiempo no se realizan simulacros para mitigar el impacto de incendios o derramamientos de combustibles, como era frecuente en años anteriores. “Desde la pandemia no se ha hecho nada”, afirma. Luego valora que la empresa encargada de las operaciones del terminal desarrolla limpieza y mantenimiento a la infraestructura que cruza sus viviendas.
De la misma idea es Eduardo Cerna Vargas, quien esta mañana, pinta la puerta de la casa de una de sus hijas. Eduardo, tiene 64 años, fue pescador y ahora trabaja en la descarga de combustible. Luego de ponderar que la empresa realiza limpieza en las tuberías terrestres, cuenta que desde hace algunas semanas, tiempo que coincide con el derramamiento de petróleo en el Callao, no han llegado barcos cisternas a Salaverry. “Ahora no hay nada. Seguro en estos días nos llamarán para la descarga”, anhela.
Recuerda que antes a Salaverry arribaban, al mes, unos cinco o seis barcos para despachar combustible; pero que, en la actualidad, esta afluencia ha bajado considerablemente. “Ya nos llamarán”, repite. En la noche del jueves 24 y viernes 25 de febrero, llegó un carguero al puerto y realizó actividades de descarga de combustible sin ninguna complicación. Zarpó el domingo 25.
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Hace ocho años, las conexiones de descarga de Petroperú cruzaban el ingreso a Salaverry sin, digamos, problemas. Era una zona despoblada y a orillas del mar. Pero empezó a llegar la gente. Gente que necesitaba vivienda, pero también traficantes. Todos invadieron. Ninguna autoridad se hizo cargo y brotó una muestra de esas cosas bárbaras que suceden en el Perú: personas viviendo en un lugar donde nadie debe vivir. Viviendo entre tubos que llevan material altamente inflamable. Viviendo frente a una bomba.
Desde 1998, gracias a una concesión, la planta es operada por GMT-Consorcio Terminales, una alianza entre la peruana Graña y Montero Petrolera (GMP) y la alemana Oiltanking. Almacena y despacha gasolina, diésel, querosene y petróleo industrial 6; se abastece por buques tanque desde las refinerías Talara (Piura), La Pampilla (Lima) y Conchán (Lima); cuenta con una capacidad total de almacenamiento de 286 mil barriles. Este tipo de operación necesita de Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA), planes de contingencia y la ejecución de simulacros del plan de respuesta a emergencias.
Ninguna autoridad se hizo cargo y brotó una muestra de esas cosas bárbaras que suceden en el Perú: personas viviendo en un lugar donde nadie debe vivir. Viviendo entre tubos que llevan material altamente inflamable.
“No, no recuerdo. Hace bastante tiempo que no se hacen simulacros”, dice Fausto Polo Cruz, presidente del Gremio de Pescadores Artesanales del Puerto de Salaverry. Luego pondera la importancia de que las personas vinculadas con las actividades en el puerto conozcan los protocolos que se deben seguir frente a una emergencia similar a la ocurrida en el Callao. “Aquí estamos expuestos a algo igual, porque tenemos el mismo sistema de descarga”, puntualiza.
Después recuerda sus años de trabajo en Manta (Ecuador) donde los barcos, que descargaban combustible, eran rodeados con unas geomallas. “Si se caía petróleo, allí nomás quedaba. Ese sistema se debió usar en el Callao. Qué lástima”, lamenta.
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El sistema de descarga en Salaverry es bimodal: marítimo y terrestre. Empieza en el mar, avanza por tierra —sector Brisas de Salaverry— y termina en la planta, ubicada en el casco urbano del puerto. GMT-Consorcio Terminales debe presentar un plan de respuesta de emergencia al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) según el decreto supremo N° 043-2007.
La normativa peruana aclara que cuando se presenta una incidencia de combustible en el mar, las acciones de las empresas deben estar alineadas a lo establecido en el Plan Nacional de Contingencias contra Derrames de Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas, elaborado por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), una dependencia de la Marina de Guerra del Perú.
Esta herramienta establece criterios de organización frente a una eventualidad. Así, si se presenta una emergencia en el sistema de descarga de combustible en el mar de Salaverry, esta debe ser atendida por el responsable del incidente. Superadas las capacidades del responsable, se activará el plan de acción local. Superadas las capacidades del plan de acción local se activará el plan distrital y así sucesivamente hasta llegar al protocolo regional de contingencia del Pacífico sudeste.
El plan nacional de la Dicapi considera la ejecución de simulacros de manera periódica para entrenar al personal comprometido en la atención de una emergencia. Desde la pandemia en el mar de La Libertad no se ha realizado un ensayo para medir la capacidad de respuesta frente a un derrame.
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El reconocido biólogo trujillano Yuri Hooker Mantilla trabaja, por estos días, en el recojo de información sobre el impacto de la dispersión de petróleo que se originó en la plata de descarga de Repsol en el Callao. Su voz es pertinente y autorizada en estos temas. “Considerando que las operaciones (descarga de hidrocarburos) son iguales y si no se tiene un plan de contingencia preparado, como ha ocurrido en Ventanilla (Callao), las consecuencias serían muy parecidas en cómo afectaría a las playas, a la fauna”, señaló sobre un eventual derramamiento de combustibles en el puerto liberteño.
Salaverry recibe hidrocarburos de la misma manera. (Fuente: Ojo Público).
Explicó que estos eventos afectan significativamente áreas rocosas, acantilados y bahías, como está ocurriendo en el litoral de Lima. En La Libertad, en cambio, sus playas son arenosas y el impacto mayor sería en la zona de los espigones de Salaverry. A Huanchaco, también, afectaría de manera significativa porque allí existe una bahía y orillas rocosas. Sin embargo, Hooker recomendó que se debe evaluar que el combustible no se mueva a las islas Macabí (Ascope) y frente a Puerto Malabrigo, donde existe un área rocosa de mucha diversidad. “Pero el efecto sobre la pesca artesanal y la desembocadura del río Moche serían catastróficos”, adelantó.
Sobre la presencia de viviendas a pocos metros de la red que transporta combustible, el biólogo recomendó que la municipalidad debería retirarlos a un lugar seguro. “Si hay un terremoto, la tubería se rompe, se riega el combustible y se genera una tremenda explosión”. Asimismo, recordó que las empresas deben tener actualizado su plan de contingencia. “No hacerlo no es solo una negligencia, sino un delito ambiental”.
Se debe evaluar que el combustible no se mueva a las islas Macabí (Ascope) y frente a Puerto Malabrigo, donde existe un área rocosa de mucha diversidad.
buenapepa solicitó, mediante la Ley de Acceso a la Información Pública, a Osinergmin los detalle del plan de contingencia y de respuesta frente incidentes que presentó GMT-Consorcio Terminales. La institución respondió que antes del 18 de marzo atenderá el requerimiento. Así mismo, este medio buscó, vía telefónica y por correo electrónico, la participación en este reportaje de la empresa que administra el desembarcadero de combustible; pero todo fue en vano.
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“Aquí (Salaverry), con lo sucedido en el Callao, ya se deberían haber tomado todas las medidas preventivas para evitar una tragedia mayor, porque las consecuencias serían igual de catastróficas”, dice el biólogo y magister en gestión ambiental, Juan Casanova Luján.
Una fuente de la Capitanía de Salaverry reconoció a buenapepa que “hace tiempo” no se realizan simulacros en el mar y que lo sucedido en el Callao no ha motivado ningún tipo de reacción. Esto evidenciaría desinterés y, en especial, el desaprovechamiento de la oportunidad de aprender de una tragedia lejana. No en vano, el filósofo Voltaire repetía que las personas inteligentes siempre aprenden de la experiencia de los demás. Sin embargo, otra fuente de la misma capitanía aseguró que el último simulacro en Salaverry se realizó el 11 de noviembre del 2021. Sin embargo, buenapepa no pudo confirmar con otras personas y registros este ensayo.
El biólogo Casanova recomienda que todos los años las autoridades deben realizar acciones de fiscalización a las empresas y, en especial, deben ejecutarse simulacros que mitiguen el impacto de incidentes. Se desconoce la preocupación de la Municipalidad Distrital de Salaverry por este tema, debido a que el gerente municipal, Javier Zavaleta Aguirre, y personal de la subgerencia de Defensa Civil no atendieron las solicitudes de entrevistas que se les presentó.
Quien sí respondió fue el subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Wilson Rodríguez Abanto, quien no recuerda cuándo fue el último simulacro que se realizó en Salaverry para conocer la respuesta frente a un derrame de combustible. “Ahora que la reactivación pospandemia está avanzando, ya se debe convocar a un simulacro”, recomendó.
El biólogo Casanova recomienda que todos los años las autoridades deben realizar acciones de fiscalización a las empresas y, en especial, deben ejecutarse simulacros que mitiguen el impacto de incidentes.
Coincidió con los otros especialistas consultados sobre el impacto de un derrame en Salaverry. “Sería fatal y diferente al Callao porque (la descarga) está más cerca de la playa”. Sin embargo, Rodríguez consideró que es pertinente llamar a la calma y la reflexión para ejecutar las mejores acciones preventivas en bien de la colectiva.
Mientras tanto, unas 300 familias viven delante de un bomba, empresarios y autoridades no reaccionan frente a la coyuntura y un puerto se bambolea entre su belleza natural y el tintineo de una tragedia.
¿Llegará la mancha negra?
¿Vendrá parte del derrame de petróleo del Callao a las costas de La Libertad? El biólogo Yuri Hooker Mantilla responde: “No, al menos no de manera visible. Solo se ha visto manchas hasta la altura de Paramonga; pero muy dispersas. Con análisis químicos de la superficie del agua, posiblemente, sí se pueda detectar, pero difícilmente como manchas de petróleo”.
El presidente del Gremio de Pescadores Artesanales del Puerto de Salaverry, Fausto Polo Cruz, coincidió con Hooker. “Las manchas de petróleo no llegarán hasta Salaverry, porque Dios cuando hizo este país lo bendijo con puntas, con ensenadas (que detienen el combustible). La mancha negra máximo bajará hasta Huacho, no vendrá hasta acá”, sostuvo.
