Hoy, 15 de enero, se cumplen dos años de una de las tragedias ambientales más severas del Perú: el derrame de unos once mil barriles de petróleo frente al mar de Ventanilla, en el Callao, Lima.
A pesar del tiempo transcurrido, poco se ha avanzado en la recuperación de la zona.
La Defensoría del Pueblo exhorta al Poder Ejecutivo a continuar las acciones de evaluación y supervisión ambiental y sanitaria para la toma de decisiones orientadas a garantizar los derechos de la población que se vio afectada.
El pedido se presenta tras el comunicado conjunto emitido en diciembre del 2023 por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Producción, en el que se informó que aún persistía contaminación ambiental en determinados puntos y que 25 playas de uso recreacional mantenían la condición de afectadas.
Asimismo, no se contaba con las condiciones para un desarrollo normal de las actividades extractivas de recursos hidrobiológicos relacionadas con la pesca artesanal.
Derrame: el plazo acabó
En diciembre del 2023, venció el plazo para la implementación del Plan Post Declaratoria de Emergencia Ambiental para el seguimiento de las acciones de rehabilitación y recuperación ambiental de la zona marino costera, que involucraba la participación de diversas instituciones.
La Defensoría del Pueblo exhorta al Poder Ejecutivo a continuar las acciones de evaluación y supervisión ambiental y sanitaria para la toma de decisiones orientadas a garantizar los derechos de la población que se vio afectada.
Ella son: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Imarpe, el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi).
Cumplido el plazo, estas son algunas recomendaciones que la Defensoría del Pueblo ha hecho al Ministerio de la Producción para garantizar los derechos de la población afectada por el derrame de petróleo en Ventanilla: disponer medidas restrictivas respecto a la pesca artesanal y de productos hidrobiológicos en la zona afectada, teniendo en consideración las recomendaciones del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), así como difundir información al respecto. Sin embargo, no se recibió respuesta del sector.
Personas afectadas
Con respecto a las compensaciones, la Defensoría del Pueblo mantuvo seis reuniones en el último año con nueve organizaciones de pescadores y comerciantes.
Durante esas reuniones, se sugirió al Ministerio de Energía y Minas que modificara el decreto emitido por ese organismo, con el fin de asegurar que el proceso de compensación proporcionaría una reparación integral y justa.
Se sugirió al Ministerio de Energía y Minas que modificara el decreto emitido por ese organismo, con el fin de asegurar que el proceso de compensación proporcionaría una reparación integral y justa.
La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de seguir supervisando las medidas gubernamentales destinadas a abordar los impactos ambientales y sociales del derrame que ocurrió el 15 de enero de 2022.
A esto, se suma la insistencia de la institución en hacer las recomendaciones necesarias para proteger los derechos fundamentales de los afectados. En un contexto adicional, se ha constatado la falta de limpieza y descolmatación cerca de los puentes de los ríos Rímac y Chillón.
