El Ministerio Público abrió investigación preliminar para llevar a juicio a servidores y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), quienes negaron información pública a BuenaPepa. La investigación, incluso, puede incluir al exalcalde José Ruiz Vega.
El hecho se remite a la primera semana de noviembre del 2022, cuando este medio ingresó a la comuna una solicitud de acceso a la información para que se le entreguen los mensajes de los correos electrónicos de la cuenta institucional del entonces burgomaestre.
BuenaPepa, en concordancia con las aclaraciones del Tribunal Constitucional (TC) considera que los mensajes que salen y entran desde el email de una autoridad son de interés público y, por lo tanto, deben ser sometidos al escrutinio ciudadano.
Este medio ingresó a la comuna una solicitud de acceso a la información para que se le entreguen los mensajes de los correos electrónicos de la cuenta institucional del entonces burgomaestre.
La comuna de manera sistemática se negó a responder el pedido, a pesar de que, a finales de diciembre del 2022, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a través de una resolución, le ordenó que acate la norma.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) permite a cualquier ciudadano solicitar información pública que hayan creado o almacenado las instituciones del Estado. Los empleados, funcionarios y autoridades están obligados a cumplir este mandato.
José Ruiz: sin respuesta
No atender una solicitud de información pública de un ciudadano se tipifica como un delito contra la administración pública. En esa línea, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública remitió un oficio a la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, a través del cual le comunica la presunta comisión de acciones contra la ley.
El fiscal César Chávez Chávez, de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Trujillo, firmó una disposición en la que formaliza el inicio de la investigación preliminar contra los que resulten responsables por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en las modalidades de desobediencia a la autoridad y abuso de autoridad.
En esta etapa de la investigación, los representantes del Ministerio Público realizarán actos de investigación con el objetivo de identificar a los responsables (funcionarios y/o servidores públicos) de la no emisión de la información solicitada por BuenaPepa. El plazo para los actos indagatorios, en esta etapa, se fijó en 60 días.
El documento, de fecha 2 de marzo, dispone, además, que se solicitará a la Municipalidad Provincial de Trujillo, que, en el más breve plazo, remita copias certificadas del expediente N50550-2022-MPT, respecto a la solicitud formulada por este medio, el pasado 2 de noviembre del 2022.
Además, se le exigirá a la institución edil que informe el nombre completo y cargo del servidor y/o funcionario responsable de no cumplir con lo ordenado por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública .
Todo tiene un argumento
El artículo 26 delLa Ley N.° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades señala que la administración municipal se conduce por los principios de transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana. La misma norma establece que todo “vecino tiene derecho a ser informado respecto a la gestión municipal y a solicitar la información que considere necesaria, sin expresión de causa; dicha información debe ser proporcionada, bajo responsabilidad”.
La resolución del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que da la razón a Buenapepa, establece, con claridad que la información que los gobiernos locales poseen, administren o hayan generado como consecuencia de sus facultades, atribuciones o el cumplimiento de sus obligaciones, sin importar su origen, utilización o el medio en el que se convenga o almacene, constituye información de naturaleza pública.
