En pleno escándalo por la masacre en Pataz, vinculada a la disputa de mafias de la minería ilegal, un negocio clandestino y prohibido por ley se expande impune en las redes sociales: la venta y transferencia informal del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
Plataformas como Facebook Marketplace, OLX y grupos cerrados de WhatsApp se han convertido en vitrinas digitales donde se ofrecen transferencias de REINFO, minas en operación y permisos asociados, como si fueran simples bienes muebles o inmuebles.
Minería ilegal: ¿qué es el REINFO y por qué no se puede vender?
El REINFO es un registro creado en 2012 para acompañar a mineros artesanales y de pequeña escala en su proceso de formalización. Inscribirse implica un compromiso personal e intransferible: el titular declara ser quien explota la concesión y se compromete a cumplir con requisitos técnicos, ambientales y laborales.
La ley prohíbe expresamente la comercialización o cesión del REINFO, salvo en casos de sucesión legal por fallecimiento o modificaciones internas en personas jurídicas que no alteren la titularidad.
Sin embargo, en la práctica, lo que se oferta en redes no es el REINFO en sí, sino la cesión informal del control físico de minas o socavones con REINFO inscrito. Los compradores reciben acceso a infraestructura, maquinaria y trabajadores, pero operan bajo el nombre del titular original o mediante documentos falsificados. Este esquema permite a mafias mineras blanquear oro ilegal y evadir controles estatales.
Un negocio ilícito que erosiona la formalización
Los anuncios en Marketplace y OLX ofrecen «paquetes completos»: minas con REINFO operativo, maquinaria, permisos y extracción inmediata. Publicaciones detectadas en regiones como La Libertad, Puno, Madre de Dios, Arequipa y Cusco evidencian la extensión del fenómeno.
Un informante del sector reveló que estas operaciones consisten en alquilar o ceder el REINFO para extraer sin ser detectados, pagando comisiones mensuales al titular formal.
La fiscalización estatal es casi inexistente. Las direcciones regionales de Energía y Minas carecen de recursos y voluntad política para verificar que el operador sea el verdadero titular. Las denuncias rara vez prosperan, pues los compradores ocultos permanecen en la sombra.
Según el Ministerio de Energía y Minas, solo el 2.3 % de los inscritos en el REINFO desde 2017 se ha formalizado realmente. La mayoría permanece en la informalidad, usando el registro como escudo legal para operar sin control. Esta situación ha generado un mercado negro de permisos simulados que alimenta la minería ilegal, la violencia y la corrupción.
La minería ilegal, amparada en el REINFO, ha crecido un 40 % en los últimos años y supera en rentabilidad al narcotráfico, atrayendo a delincuentes organizados que utilizan empresas fachada y testaferros para blanquear oro ilegal. La masacre de 13 trabajadores en Pataz y la violencia asociada evidencian la gravedad del problema.
¿Qué hicieron el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso?
Ante esta crisis, el Ejecutivo promulgó medidas extraordinarias para combatir la minería ilegal, incluyendo la revocación automática del REINFO a quienes comercialicen mineral por encima de su capacidad real. Sin embargo, la extensión del REINFO aprobada por el Congreso ha sido criticada por consolidar la impunidad.
Expertos y organizaciones civiles exigen la eliminación del REINFO y la implementación de un nuevo marco regulatorio que permita una verdadera formalización y control efectivo. La minería ilegal es hoy la principal actividad ilícita en Perú, vinculada a lavado de activos, sicariato, trata de personas y otros delitos graves.
