Jorge Barata, exdirector de la empresa brasileña Odebrecht en Perú, ha acusado a los expresidentes Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, la candidata Keiko Fujimori y la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, de aceptar financiamiento fraudulentamente, durante sus respectivas campañas políticas, proveniente de la empresa.
Las declaraciones de Barata se dieron a conocer en una audiencia virtual como testigo en uno de los tantos casos de corrupción que siguen en curso concerniente al segundo mandato de García.
Caso Odebrecht: esto dijo Barata
Según sus revelaciones, los aportes a las campañas de los políticos mencionados oscilaron entre el millón y los tres millones de dólares, los grupos beneficiados incluyen también a congresistas y alcaldes.
Con respecto a los pagos al fallecido líder aprista, Barata declaró que fueron de 200,000 dólares en su primera campaña en 2001, y en 2006, una suma sin especificar.
Por su parte, Humala y Villarán recibieron tres millones de dólares cada uno, mientras que Fujimori obtuvo un millón. Barata detalló también que algunos de estos pagos se realizaron a través de cuentas bancarias en paraísos fiscales, y en otras ocasiones se realizaron en efectivo, proporcionado por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, unidad que era la encargada de dichas operaciones.
Apoyo a cambio de obras
Según el testimonio del exdirectivo, sus responsabilidades en Odebrecht incluían la identificación de oportunidades de proyectos y negocios, la gestión de las finanzas y la legalidad de los mismos y, en consonancia con estas actividades, realizó aportaciones a diversas campañas políticas.
Barata insinuó que estos aportes estaban destinados a influir en los procesos de licitación, buscando ventajas competitivas para Odebrecht. Estas tremendas revelaciones marcan un hito en la investigación del Equipo Especial Lava Jato, dirigido por el fiscal José Domingo Pérez, al desenmascarar el presunto lavado de activos y la red de corrupción vinculada a la construcción del Metro de Lima durante el segundo gobierno de García.
Las implicaciones de estas afirmaciones tienen el potencial de sacudir profundamente la estructura política de Perú, reafirmando la necesidad de integridad y transparencia en su gobierno.
