Arturo Fernández Bazán reapareció en una transmisión en vivo desde Trujillo. El alcalde —aún de licencia por salud, tras someterse a una operación a la cadera— apareció en andador en la central de monitoreo de Seguridad Ciudadana.
En sus instalaciones, en la urbanización Torres Araujo, inspeccionó el estado de los vehículos municipales que deberían ser usados en el patrullaje integrado, pero que continúan en el depósito desde setiembre del 2022 por no contar con SOAT.
“Para que el pueblo trujillano vea cómo se ha burlado Tiravanti (general PNP) de todos”, dijo.
Apurado por volver
En diálogo con BuenaPepa, Arturo Fernández anunció que este martes 14 solicitará su reincorporación a la municipalidad. “Voy a pedir información a la gerenta municipal para que me diga qué está pasando. Espero que mañana o pasado ya pueda estar como alcalde en funciones. Mañana presento mis documentos, que se apruebe en sesión de concejo y de inmediato asumo”, dijo.
Los regidores aprobaron por unanimidad el pedido de licencia planteado por el alcalde desde el 26 de enero al 24 de febrero. En acuerdo de concejo, también se aclaró que Arturo Fernández podría regresar antes del plazo previsto. Sin embargo, el retorno del alcalde no está previsto en la agenda de la sesión ordinaria programada para las 10 de la mañana de este miércoles 15. Esta podría debatirse en una sesión extraordinaria en la tarde del miércoles o en una fecha posterior.
“Espero que mañana o pasado ya pueda estar como alcalde en funciones. Mañana presento mis documentos, que se apruebe en sesión de concejo y de inmediato asumo”
Fiel a su estilo, el burgomaestre criticó el convenio del patrullaje integrado, firmado el 31 de enero por el alcalde encargado Mario Reyna y el general Augusto Ríos Tiravanti, y dejó entrever un distanciamiento con su reemplazante en el sillón edil.
“No me sorprende (que Mario Reyna haya coordinado con el general PNP) porque Arturo Fernández hay uno solo, un Arturo Fernández nace una vez cada cien años. No estoy decepcionado tampoco. De ninguno lo estoy. Yo conozco cómo es la humanidad, conozco sus defectos”, respondió Fernández a la consulta de este medio sobre su relación con el teniente alcalde.
Negó que su relación laboral y amical con Mario Reyna se haya roto, aunque aclaró lo siguiente: “Yo estoy con quien quiere trabajar conmigo. Desde que me fui (de licencia) he conversado con él muy poco. Ni siquiera sabía de esa reunión tan ridícula con el general. No es que no quiera respetar el convenio del patrullaje integrado. Las móviles no pueden salir. No hay policías, no hay choferes con brevetes, esas móviles pasan un rompemuelles y se malogran”, sostuvo.
“Yo estoy con quien quiere trabajar conmigo. Desde que me fui (de licencia) he conversado con él (Mario Reyna) muy poco. Ni siquiera sabía de esa reunión tan ridícula con el general”
Arturo Fernández a la Fiscalía
Fernández también se refirió al proceso que le abrió el Ministerio Público por supuestas violaciones a la ley durante la ceremonia en la cual juró en el cargo.
El caso es dirigido por la fiscal Elia Julca Vilca, quien decidió promover investigación preliminar contra Fernández por los delitos de usurpación de autoridad, títulos y honores, en la modalidad de ostentación de distintivos de función que no ejerce. Además, por el delito cometido por funcionarios públicos, en la modalidad de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. También, por el delito contra los símbolos, próceres o héroes de la patria y de actos de menosprecio contra los símbolos, próceres o héroes de la patria. Todo los delitos en agravio del Estado.
“Estoy tranquilo. Yo estoy donde Dios me pone. Todo depende de Dios. No me preocupa en absoluto. Si los jueces y fiscales reciben plata por lo bajo ya es otro asunto, que quede en su consciencia. Voy a acudir a las citaciones. Espiritualmente estoy tranquilo”, sentenció Fernández.
El 2 de enero, en la ceremonia de juramentación al cargo de alcalde de Trujillo, Arturo Fernández usó la banda presidencial, considerada un distintivo de empleo exclusivo del presidente de la República del Perú, cualquier otra persona o autoridad que porte la banda violaría las normas.