El regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Luis Miguel González Rosell, reconoció que la suspensión del alcalde Arturo Fernández Bazán es hasta que concluya su condena, es decir, el próximo mayo del 2024.
Sin embargo, precisó que sobre el burgomaestre recae un proceso de vacancia, el cual puede concluir en su expulsión definitiva del gobierno local.
El martes 9 de enero del 2024, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó la apelación que Fernández presentó contra el acuerdo de concejo de Trujillo, que lo suspendió por incurrir en la falta de haber recibido una condena en segunda instancia.
En este caso, el alcalde fue hallado culpable del delito de difamación agravada.
-¿Cómo recibe esta decisión del JNE, que ratificó la suspensión del alcalde Arturo Fernández?
-La recibo con mucha expectativa, porque va a permitir cambiar el rumbo del gobierno de la ciudad, que viene siendo muy mal administrada.
-¿La suspensión de Arturo Fernández será hasta mayo, tiempo en el que concluye su condena por difamación agravada? Entonces, retomaría el cargo.
-Sí, la suspensión es por el tiempo que ordena la sentencia que le aplicó el Poder Judicial. Por eso es suspensión en el cargo. Ahora bien, no olvidemos que también se está tramitando un proceso de vacancia, porque la causal también es objetiva, es decir, ha quedado consentida, y la ley establece que cuando una sentencia por delito doloso, como es el caso del alcalde Fernández, ha quedado consentida, por lo tanto, es causal de vacancia y eso sí determinaría una salida definitiva del alcalde. Pero ese trámite recién se está iniciando.
Ha quedado consentida, y la ley establece que cuando una sentencia por delito doloso, como es el caso del alcalde Fernández, ha quedado consentida, por lo tanto, es causal de vacancia y eso sí determinaría una salida definitiva del alcalde.
Después de Arturo Fernández
-Mientras llega la resolución del JNE que oficializa la salida de Fernández, ¿qué van hacer ustedes como regidores?
-Nosotros tenemos que esperar que el JNE emita toda la resolución, notifique al concejo, a través del Secretario General de la Municipalidad. En la Resolución del JNE tiene que retirársele las credenciales al señor Fernández y otorgarle al señor Mario Reyna. Entre tanto, nosotros como regidores no podemos hacer mucho, porque sería usurpación de funciones. Lo que sí podemos hacer es vigilar, fiscalizar para que en este proceso de cambio de autoridades los malos funcionarios no hagan cosas incorrectas.
-Cuál es su comentario sobre los grupos violentos que apoyan a Fernández. Incluso, circula el rumor de que hoy se apostarán en el palacio municipal.
-Debemos rechazar de plano cualquier acto de violencia en la ciudad que pretenda impedir el cumplimiento de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales, en este caso el JNE. En ese sentido, la Policía Nacional del Perú está en la obligación de cautelar el orden público, brindar la seguridad de los vecinos y garantizar el libre tránsito de las personas en toda la ciudad; y los violentos deben ser capturados y puestos bajo la autoridad judicial para que se le aplique la ley.
