– “Como alcalde, dejo esta tarea (al concejo) para ya no contar con el área de Serenazgo”.
Arturo Fernández Bazán no cumple aún las dos semanas al frente de la Municipalidad Provincial de Trujillo, pero es noticia por sus polémicos anuncios y constantes enfrentamientos con otras autoridades.
El alcalde lanzó la propuesta —de manera extraoficial— de cerrar la Gerencia de Seguridad Ciudadana y anular el servicio de patrullaje preventivo en Trujillo. ¿Las razones? Para el burgomaestre, son dos: “No produce, no trae seguridad ni garantía a la población y los ciudadanos que pagan por seguridad ciudadana solamente llega a cubrir del 20 % al 30 % de lo que se le paga a toda el área, el resto tenemos que pagarles nosotros de otros rubros”.
Arturo Fernández no bromea. Sus acciones confirman que habla en serio. Solo esta semana ha tenido fuertes cruces verbales con dirigentes del sindicato municipal de Seguridad Ciudadana. Llegó incluso a botarlos del salón consistorial luego de que estos le increparan sus exabruptos.
¿Es viable su propuesta?
Para Miguel Rodríguez Albán, especialista en gestión pública, legalmente existen dos caminos: anular el servicio o declararlo en reestructuración.
“El servicio de Serenazgo se ha aprobado mediante una ordenanza municipal. Este es un arbitrio que tiene por fin colaborar con la seguridad, en apoyo a la Policía. Si el alcalde decide anular el servicio de Serenazgo entonces se tendría que dejar de cobrar. Es una contraprestación, el arbitrio se cobra en la medida que se presta el servicio”.
Desde el 2017 a inicios del 2022, la deuda de los contribuyentes por el servicio de Seguridad Ciudadana ascendió a 33 millones de soles.
“Sucede que todos los años, además de la mala gestión y la corrupción, se ha prestado el servicio con un costo superior a lo recaudado. Si el servicio le cuesta al municipio 20 millones de soles, se recaudan 12 millones, 14 millones, 8 millones de soles. Con lo cual tenemos un problema de gestión”, prosiguió Rodríguez Albán.
Sin embargo, el especialista en gestión pública explicó que la segunda opción —y la mejor— es reorganizar esta gerencia municipal a través de una serie de medidas administrativas, las cuales incluyan la búsqueda de más recursos. Detalló que si Fernández mantiene su postura de cerrar Seguridad Ciudadana agravará la crisis en la municipalidad.
“Sería un desacierto anularlo porque significaría un problema social y también la municipalidad se llenaría de juicios laborales, juicios que va a perder”, consideró.
“Si el alcalde decide anular el servicio de Serenazgo entonces se tendría que dejar de cobrar. Es una contraprestación, el arbitrio se cobra en la medida que se presta el servicio”
Populismo puro
Para el abogado constitucionalista Carlos Talledo Manrique, el anuncio del alcalde es un “populismo absurdo”. “Para desactivar una gerencia municipal, el alcalde tendría que presentar la propuesta al concejo y este aprobarlo. Legalmente puede ser viable. ¿Es válido cerrar todas las oficinas porque están inmersas en algunos actos de corrupción o porque no funcionan? Si la solución a los problemas es cerrar la gerencia vamos por mal camino”.
Agregó que Fernández Bazán solo se limitó a expresar su deseo de cerrar esta área municipal sin explicar una propuesta clara para mejorar el servicio que se ofrece a los ciudadanos.
“Habría que preguntarle al alcalde qué propone entonces. No quiere ayuda de la Policía ni del Serenazgo, entonces que diga qué propone. Cómo se va a combatir la delincuencia en la ciudad. Cuál es la solución. Si el Serenazgo no representa un efecto disuasivo en la delincuencia habría que preguntarse el porqué y corregir los errores. Esta gerencia es importante”, declaró a Buenapepa.
Trabajo en equipo
Por su parte, Róger Torres Mendoza, coronel (r) y exjefe de la Policía en La Libertad destacó la coordinación entre las autoridades para combatir la delincuencia común y organizada.
“Debe haber un trabajo coordinado entre el gobernador, el alcalde y el general de la Policía. Si hay algo que está mal hay que decirlo, pero de una manera adecuada. El alcalde no necesita de acciones populistas. Lo primero que debe hacer es capacitar al personal. Hay mucha gente que es estable, no puede despedirlos. Si el problema es la corrupción, tiene que revisar sus antecedentes. Si no reúnen los requisitos debe separarlos. Lo más importante es capacitar al personal y desplegar los operativos”, declaró a este medio.
Golpes y reacciones
La labor del personal de Seguridad Ciudadana está regulada en la Ley N.° 31297 o Ley de Serenazgo Municipal, publicado en agosto del 2022 en el diario oficial El Peruano. Su reglamento, firmado por el expresidente Pedro Castillo, detalla las obligaciones, régimen laboral, prohibiciones y otros indicadores del servicio.
“Habría que preguntarle al alcalde qué propone entonces. No quiere ayuda de la Policía ni del Serenazgo, entonces que diga qué propone. Cómo se va a combatir la delincuencia en la ciudad. Cuál es la solución”.
La norma busca que el servicio se ejecute de forma disuasiva, preventiva y comunitaria con presupuesto de las municipalidades provinciales y distritales en su totalidad.
Amparado en esta ley, el Sindicato de Trabajadores de Seguridad Ciudadana (Sitrasec) evalúa denunciar a Arturo Fernández Bazán por los presuntos delitos de difamación, hostigamiento laboral y abuso de autoridad. De momento, ya le cursaron cartas notariales para que se retracte.
“El alcalde debe respetar a los trabajadores. No puede estar peleando con todo el mundo. Está mostrando una incapacidad en su labor. Es un improvisado”, declaró el secretario de Sitrasec, Carlos Bocanegra Ávalos.
Cuestionó la medida del burgomaestre de internar las camionetas de Serenazgo en el depósito municipal y no usarlas para el patrullaje preventivo en los 59 territorios vecinales de Trujillo.
“En forma burlona dice que llevemos nuestras bicicletas para patrullar. Si el señor tiene un problema personal o político con el señor César Acuña, que vaya a verlo. Nosotros no pertenecemos a ningún partido político”, sostuvo.
Son 820 trabajadores de Seguridad Ciudadana que desde este miércoles 11 patrullan a pie en las zonas cercanas al centro de Trujillo. Las 35 camionetas empleadas en el patrullaje no saldrán a las calles hasta nuevo aviso.
