Se proclama como un alcalde distinto, un alcalde que llegó para revolucionar Trujillo. A Arturo Fernández Bazán no le falta razón, su administración edil es particular en fondo y forma. Solo así se entiende los exabruptos y, supuestas, ilegalidades que cometió antes, durante y después de su juramento como burgomaestre provincial el 2 de enero del 2023.
En pocas horas habría cometido hasta cinco delitos. Por cuatro de ellos ya fue denunciado en el Ministerio Público.
El ciudadano Carlos Tenicela Ninamango presentó su acusación a la Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo por los delitos de ostentación de distintivo de función que no se ejerce, ultraje y menosprecio a los símbolos y valores de la patria, demora de acto funcional y arrogarse grado académico que no le corresponde.
Banda y huaco erótico
En el día de su juramento como alcalde de Trujillo, Fernández usó la banda presidencial, distintivo reservado, de manera exclusiva, para el uso del presidente de la República. Pero no solo eso, además cambió el Escudo Nacional que va en la banda e incorporó otros elementos, como el diseño de un huaco erótico.
“La presencia del huaco erótico significaría ultraje a un símbolo patrio. Según la RAE (Real Academia Española), el ultraje tiene que ver con una acción que denigra, humilla. En este caso, colocar estos elementos de connotación sexual en la banda presidencia, estaría calificando como tal”, explicó en la víspera Tenicela, quien es experto en protocolo y ceremonial de Estado y autor del libro Protocolo Regional y Municipal.
En su denuncia, el ciudadano señala que según el artículo 362 del Código Penal, “El que, públicamente, ostenta insignias o distintivos de una función o cargo que no ejerce (…) será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un año o con prestación de servicio comunitario de diez a veinte jornadas”.
Asimismo, cita el artículo 344 del citado código: “El que, públicamente o por cualquier medio de difusión, ofende, ultraja, vilipendia o menosprecia, por obra o por expresión verbal, los símbolos de la patria (..) será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de cuatro años y con sesenta a ciento ochenta días multa”.
No es doctor y tardón
Tenicela también denunció al alcalde Arturo Fernández por arrogarse grado académico que no le corresponde. En una consulta que realizó en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), encontró que la autoridad no tiene el grado de doctor, por lo que estaría cometiendo un delito al hacerse llamar como tal.
Finalmente, Tenicela considera que Fernández violó la ley al jurar en el cargo recién el 2 de enero. “La fecha de juramentación y asunción al cargo de alcalde de la provincia de Trujillo, en el caso del denunciado, está establecida en el artículo 34 de la Ley N.º 26864. Dicha norma establece, de manera legal, que su juramentación debe realizarse el domingo 1 de enero del 2023”, señala en su escrito presentado esta mañana.
Para el análisis
El abogado Jonathan Donayre Arellano señaló que la denuncia contra el alcalde Fernández es válida en el sentido de que es presentada por un ciudadano que considera que se violó la ley, pero que será el fiscal y un juez de control quienes analicen y evalúen si constituye un delito o no.
Sin embargo, adelantó que para él ninguno de los hechos señalados en la denuncia configura una violación a la ley.
En la misma línea, el abogado constitucionalista considera que la conducta del alcalde Fernández el día de su juramento no configura una comisión de delito.
“El alcalde no está arrogándose el cargo de presidente de la República, simplemente se ha puesto una banda presidencial y le ha cambiado el escudo y le ha puesto el huaco erótico, pero eso no es la comisión del delito. Llámalo mal gusto, una manera de llamar la atención de la gente o satisfacer su vanidad o ego, propia de su carácter rimbombante, estrambótico, inoportuno. No conozco un tipo penal que establezca que, en caso se cambie la banda presidencial, se impondrán años de cárcel”, explicó.
Del mismo pensamiento fue el regidor Luis Miguel Gonzáles Rosell, pero aclaró que será la Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, que evaluará la denuncia y publicará su decisión si archiva o abre una investigación.
