En un nuevo capítulo de la turbulenta vida pública de Arturo Fernández Bazán, alcalde suspendido de Trujillo, el Poder Judicial ordenó su captura la tarde de este jueves 15 de agosto tras declararlo reo contumaz.
La decisión fue tomada por la juez Ingrid Pajares Acosta, titular del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, quien instruyó a la Policía Nacional del Perú (PNP) para su inmediata ubicación y captura.
Esta medida se produce después de una serie de desacatos por parte de Fernández, quien ha demostrado una conducta maliciosa y una constante obstaculización de la justicia.
El caso en cuestión es por difamación agravada, denunciado por Ricardo Morales, exdirector del Proyecto Huacas de Moche, uno de los proyectos arqueológicos más emblemáticos de la región.
La decisión fue tomada por la juez Ingrid Pajares Acosta, titular del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, quien instruyó a la Policía Nacional del Perú (PNP) para su inmediata ubicación y captura.
Morales, quien ha dedicado gran parte de su carrera a la preservación del patrimonio cultural, acusó a Fernández de difamarlo públicamente, lo que llevó a un proceso judicial que ha sido dilatado por las acciones del alcalde suspendido.
La denuncia presentada por el arqueólogo contra la autoridad edil se remonta al 2019, cuando Fernández ejercía como alcalde del distrito de Moche.
En aquella época, el burgomaestre intentó construir un camino cerca de las huacas en la Campiña de Moche, pero se enfrentó a la oposición del Proyecto Huacas de Moche.
Debido a la resistencia del arqueólogo, el actual alcalde suspendido, en un acto impulsivo, habría acusado al exdirector del proyecto de llevar a cabo presuntas subastas públicas nocturnas para vender los huacos del sitio arqueológico.
Modus operandi de Arturo Fernández
Desde que inició el proceso judicial, el llamado Loco de Moche ha mostrado un patrón preocupante de desacato a la justicia. Ha faltado a varias audiencias programadas, lo que ha llevado a múltiples retrasos en el juicio.
Además, su actitud maliciosa durante el proceso, incluyendo el abandono de audiencias, ha sido interpretada por la Corte como un claro intento de obstruir la justicia.
Este comportamiento no solo pone en evidencia su desprecio por el sistema judicial, sino que también socava la confianza en las instituciones públicas.
Al ausentarse de las audiencias y no cumplir con las órdenes judiciales, Fernández ha buscado prolongar el proceso, aparentemente con la esperanza de que la denuncia en su contra se diluya con el tiempo.
Sin embargo, su estrategia ha tenido el efecto contrario, lo que llevado a la jueza Pajares Acosta a tomar la decisión de declararlo “reo contumaz”, una figura legal aplicada a aquellos que, de manera persistente, se niegan a cumplir con las disposiciones judiciales.
Difamación a mujer policía
El caso de difamación agravada que enfrenta Fernández Bazán no es un hecho aislado en su carrera política.
A lo largo de su tiempo como alcalde de Moche y luego de la provincia de Trujillo, tanto en funciones como suspendido, ha sido conocido por su uso de declaraciones difamatorias contra aquellos que considera sus adversarios.
En junio del 2023, el Poder Judicial ratificó su condena de un año de pena privativa de la libertad por difamación agravada contra la teniente de la Policía Nacional del Perú, Nataly Rojas.
Por esta decisión judicial, el burgomaestre fue suspendido de sus funciones de alcalde de Trujillo. Su reemplazo en el cargo es Mario Reyna.
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