El alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, ha expresado su rotundo rechazo a la reciente disposición del Gobierno nacional de que incluye a presos en el Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente con Tuberculosis y Familia (PANTBC)
En una conferencia de prensa, Reyna afirmó que no permitirá que los alimentos destinados a combatir esta enfermedad se distribuyan entre los internos del penal de El Milagro.
“Nos roban, extorsionan, atacan y matan. Me niego a ese pedido del Gobierno nacional; si el Midis (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social) quiere hacerlo, que lo haga de manera directa”, sostuvo.
Reyna se refirió a la Resolución Ministerial N° 159-2024-MIDIS, la cual modifica la Directiva N° 001-2017. -MIDIS y extiende el PANTBC a la población penitenciaria del país.
En una carta dirigida a la presidenta Dina Boluarte, el alcalde señaló su desacuerdo con esta política, a la que calificó de “incoherente” e “injusta” en el contexto de la crisis de criminalidad que enfrenta la región.
«Es incoherente atender con alimentos a quienes atentan contra la vida, salud y tranquilidad de los ciudadanos», manifestó.
El PANTBC es una intervención articulada del Estado a través del Ministerio de Salud y Midis y los gobiernos locales para la prevención y control de la tuberculosis en el país, mediante acciones en favor de la recuperación integral de las personas que padecen esta enfermedad.
Alcalde de Trujillo sobre la delincuencia
El alcalde Reyna expresó su preocupación ante el avance imparable de la delincuencia organizada y las extorsiones, porque «ha llegado a un punto insostenible», por lo que es urgente implementar penas más severas.
Aunque destacó que en el distrito de Trujillo se han registrado algunas mejoras en la reducción de muertes violentas y otros delitos, advirtió que en otros distritos de la provincia las cifras siguen siendo alarmantes y preocupantes.
Señaló que el problema no se resolverá simplemente aumentando el número de policías o desplegando al Ejército en las calles. La solución requiere un enfoque más integral que incluya inteligencia, observación, seguimiento, equipamiento y tecnología.
Además, pidió endurecer las penas contra quienes cometen actos de extorsión y homicidio. “Aquellos que mutilan a sus víctimas o lanzan explosivos contra viviendas no deben tener ningún derecho”, enfatizó.
Incluso, propuso la aplicación de la pena de muerte en casos de asesinato, ya que, a su juicio, “la cárcel no cumple con el objetivo de rehabilitar a los criminales; más bien, se convierte en un lugar donde perfeccionan sus habilidades delictivas”.
Por último, respecto a las marchas de protesta anunciadas para la próxima semana, consideró que estas deben realizarse únicamente en Lima, pues las demandas de seguridad deben ser atendidas directamente por el Gobierno Nacional y el Congreso.
Reyna insinuó que algunos políticos no impulsan leyes más estrictas por temor a que en el futuro dichas medidas puedan aplicarse en su contra.
