La guerra quedó atrás, a miles de kilómetros; pero sus consecuencias no. En aeropuertos de América Latina, sin recibimientos ni registros oficiales, regresan hombres que han combatido en Ucrania.
Son exmilitares colombianos, entrenados en guerra de alta intensidad, muchos de ellos contratados por empresas privadas y hoy de vuelta en países que no estaban preparados para recibirlos.
En diciembre de 2025, el Congreso de la República aprobó una ley que incorpora al ordenamiento jurídico colombiano la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, adoptada por la ONU en 1989.
La norma fue presentada por el Gobierno como un paso para frenar la salida de exmilitares colombianos hacia guerras extranjeras, como la que libra Ucrania contra Rusia.
Combatientes atraídos por promesas incumplidas
Según reportes publicados entre diciembre de 2025 y enero de 2026 por medios de Colombia y Estados Unidos, cientos de colombianos participaron como combatientes en el conflicto ucraniano.
Muchos fueron atraídos por sueldos que podían superar los 4000 dólares mensuales. Esos mismos informes documentaron decenas de bajas y múltiples casos de contratos incumplidos.
Un reportaje citado por prensa colombiana señalaba que “varios combatientes regresaron sin pago, sin apoyo médico y sin ningún tipo de acompañamiento institucional”.
Capital humano entrenado para la guerra
El regreso de estos combatientes no es un fenómeno migratorio común. Se trata de personas con experiencia reciente en combate urbano, uso de explosivos, drones y armas de alto calibre.
“Cuando ese tipo de capital humano vuelve sin control estatal, el riesgo no es inmediato, pero sí acumulativo”, advierte Ariel Ávila, analista del conflicto armado y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
A este escenario se suma el impacto psicológico del combate. Informes citados por medios estadounidenses indican que muchos combatientes regresan con trastorno de estrés postraumático, normalización de la violencia extrema y dificultades para reinsertarse en la vida civil.
“Cuando no hay atención psicológica, el riesgo se traslada al entorno familiar y comunitario”, advirtió Carlos Martín Beristain, médico y psicólogo español, experto en trauma psicosocial y acompañamiento a víctimas de violencia política en América Latina.
“No es un problema militar, es un problema de seguridad pública”, agregó.
La frustración económica del poscombate
¿En dónde trabajar ahora? En muchos casos, el primer paso para estos profesionales es la seguridad privada, legal o informal. Sin apoyo sicológico ni acompañamiento institucional, el choque con la realidad económica suele ser inmediato.
Los ingresos disponibles en Colombia o en otros países de la región están muy lejos de lo que obtenían en la guerra. Elizabeth Dickinson, analista senior para América Latina del International Crisis Group, especializada en dinámicas de posconflicto, economías ilegales y seguridad regional, explica que “la frustración económica después del combate es uno de los principales detonantes de comportamientos de riesgo”.
Un retorno en medio de tensiones regionales
El retorno de estos hombres coincide con un momento de alta tensión regional. A inicios de enero, la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, reconfigura el escenario geopolítico de Latinoamérica.
El mandatario Donald Trump ha endurecido su discurso contra gobiernos de América Latina. A tal nivle que acusó directamente a Colombia y México de no controlar el narcotráfico ni a los grupos armados.
En contextos de polarización y presión internacional, combatientes con experiencia reciente pueden ser utilizados como actores no estatales en acciones encubiertas, sabotajes o intimidación.
Elizabeth Dickinson, consultado por prensa colombiana, señaló que “América Latina tiene una historia larga de utilización de fuerzas irregulares en momentos de crisis institucional, y ese precedente no puede ignorarse”.
Un recurso atractivo para economías ilegales
Otros analistas advierten un escenario más peligroso. Redes de narcotráfico, minería ilegal y contrabando han demostrado su capacidad para absorber excombatientes con entrenamiento especializado.
“La experiencia adquirida en Ucrania no se pierde cuando el combatiente baja del avión”, advirtió Jorge Andrés Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) y profesor de economía de la Universidad Javeriana.
“Se convierte en un activo muy valorado por estructuras ilegales que buscan profesionalizar la violencia”, agregó.
Una ley con límites
En diciembre de 2025, Colombia aprobó la ley que incorpora la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios al ordenamiento jurídico nacional.
El problema aparece después del combate. La propia cartera de Defensa ha reconocido que la ley “no resuelve los efectos del pasado reciente ni establece mecanismos de seguimiento para quienes ya regresaron”.
No existe un censo oficial de combatientes retornados. Tampoco hay programas de seguimiento, reintegración o cooperación regional.
Ese vacío institucional es el punto más crítico. “Sin control ni acompañamiento, estos hombres quedan disponibles para el mercado ilegal o para intereses políticos externos”, advirtió Sergio Guzmán, analista político y director de Colombia Risk Analysis.
