La Defensoría del Pueblo del Perú presentó este martes una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) para frenar la aplicación de la polémica ley n.° 32330, que convierte en imputables penalmente a los adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves como sicariato, extorsión y homicidio calificado.
Medida cautelar por vulneración de derechos
Junto con la demanda, la Defensoría solicitó una medida cautelar excepcional para suspender inmediatamente los efectos de la norma, mientras se resuelve el fondo del proceso. La entidad considera que su aplicación representa una «afectación inminente e irreparable» a los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes.
Choque con tratados internacionales
En su argumento, la Defensoría señaló que la ley es incompatible con los tratados internacionales ratificados por el Estado peruano, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, subraya que contradice la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, que otorga primacía a los tratados sobre derechos humanos.
Reacciones y cuestionamientos
La ley fue promulgada el 11 de mayo por el Ejecutivo tras su aprobación en el Congreso, y ha generado una ola de críticas desde distintos sectores, incluyendo el Ministerio Público y el Poder Judicial. La norma fue publicada en el diario oficial El Peruano y modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, extendiendo la imputabilidad penal a menores de edad por delitos de alta gravedad.
La Defensoría del Pueblo sostiene que el enfoque represivo de esta norma representa un retroceso en la protección integral de los adolescentes y llama al Tribunal Constitucional a ejercer su rol como garante de la legalidad y los derechos fundamentales.
