La Ley 32330 modifica los artículos 20 y 22 del Código Penal para que los adolescentes de entre 16 y 17 años puedan ser procesados penalmente como adultos si cometen delitos graves como; por ejemplo, homicidio calificado, violación sexual de menores, sicariato, secuestro, robo agravado, extorsión, trata de personas y delitos vinculados al terrorismo y al narcotráfico.
Con esta reforma, el Estado peruano busca responder a los delitos cada vez más violentos en los que participan adolescentes, quienes hasta ahora eran sancionados con medidas socioeducativas incluso en casos de extrema gravedad. La ley también establece un tratamiento penitenciario diferenciado para este grupo etario, orientado a su posible rehabilitación, lo cual es vital importancia para reinserción a la vida social.
Adolescentes criminales
Para ello, deberán edificarse centros penitenciarios especiales, diferentes, adaptables a la realidad de dicho grupo, con un tratamiento carcelario distinto, con énfasis en la educación y un continuo tratamiento psicológico, con oportunidades de trabajo, entre otros aspectos necesarios para readaptarlos y alejarlos definitivamente del mundo delincuencial.
Lamentablemente la pobreza, la falta de oportunidades, la ambición enraizada por un consumismo desmedido, por ego, por necesidad, por vanidad, por estupidez, muchos adolescentes entre 16 y 17 años se dejan envolver por organizaciones criminales que les ofrecen un poco de dinero por matar, secuestrar, tortura y sembrar el terror en nuestra sociedad, debilitan más nuestra alicaída democracia.
Esto aunado a una autoridades y/o gobernantes que viven una realidad paralela, viven en una permanente competencia entre poderes del Estado, poniéndose trabas los unos a los otros, una guerra de poderes interminable e insufrible que sólo ha logrado que estas grupos de miserables tomen el control de nuestras vidas y nuestros destinos, mientras los otros pelean por los restos de un poder invisible.
Sobre la base de ello, y como ya es costumbre, ha surgido una fuerte crítica y rechazo a esta medida, llamándola populista e inútil frente a la ola de criminalidad que nos acecha. Los mismos grupos de siempre, aquello que viven del caos, el desorden, la destrucción de las instituciones democráticas y los títeres de feria que actúan al son que les tocas por una buena suma dineraria, capaces de traicionar son más mínimas convicciones. Deben justificar las sumas mensuales que reciben.
El mundo de hoy ha cambiado y viene cambiado vertiginosamente, a un ritmo exponencial y el estatus psicológico de un ser humano de 16 o 17 años de hace tres décadas no es el mismo de hoy, la capacidad de información que se obtiene segundo a segundo y de comprender determinadas situaciones, hoy es más amplia que ayer.
Claramente un chico de 17 años sabe, perfectamente, que matar, violar o secuestrar es un delito, algo prohibido por nuestra sociedad, por cualquier sociedad; sin embargo, la legislación actual ha permitido y fomentado que las mafias que han tomado las riendas de nuestro país utilicen a este grupo etario para sus fines, sabiendo que son inimputables y por matar solo recibirán una reprimenda y un internamiento a un centro de “resocialización” del cual saldrán con mayor pericia para el crimen.
Los tratados internacionales suscritos por nuestro país datan de otra época, otra realidad, otras verdad social, hoy las cosas, lamentablemente, son peores que hace treinta años y un Estado Constitucional y Democrático debe tener las herramientas necesarias para defenderse y defender la vida y tranquilidad de sus ciudadanos, de su pueblo y de su gente.
Esta medida, por supuesto, debe de ir de la mano de otras más, pero no podemos negar, que los adolescentes también puede ser criminales y deben ser sancionados como tales, no deben haber medias tintas, nuestra realidad social no está hecha para medidas timoratas ni gobernantes con miedo al que dirán. Debemos luchas con la Constitución y la Ley en la mano, y aplicar todo su rigor, dura lex, sed lex.
Abogado constitucionalista
