Frente al último atentado terrorista ocurrido la semana pasada en nuestra ciudad, perpetrado por organizaciones criminales de actuación terrorista, que mantienen a nuestra ciudad en vilo desde hace buen tiempo, nuestras autoridades más representativas, Mario Reyna y César Acuña, han planteado dos diferentes soluciones, ninguna de ellas viables en la realidad.
Una ciudad a la deriva
Nuestro actual alcalde ha solicitado la reinstauración de jueces sin rostro, con la finalidad de proteger a los operadores judiciales que tienen a su cargo la labor de investigar y condenar a los acusados por diversos delitos de gravedad como la organización criminal, extorsión, sicariato, en resumen, terrorismo urbano.
Esta estrategia fue implementada en la década de 1990 para juzgar a los grupos terroristas que destrozaron nuestro país en década de 1980. El término «jueces sin rostro» se refirió a la práctica de ocultar la identidad de los jueces en juicios relacionados con terrorismo, tanto en la jurisdicción militar como civil. Esta práctica implica que los jueces se ocultan detrás de pantallas o se identifican solo con números o códigos, impidiendo que los acusados y sus abogados puedan verlos o conocer su verdadera identidad.
Lo que dice la Corte IDH
Sin embargo, la Corte IDH ya se ha pronunciado al respecto, declarando que los juicios con jueces sin rostro son incompatibles con el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantiza el derecho a un juicio justo y a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, lo cual, implica que dicho juicios podrían ser declarados nulos, tarde o temprano, ordenándose la realización de un nuevo juicio.
Por lo tanto, esta propuesta no tiene ningún asidero jurídico, ni mucho menos práctico. Coincido en la necesidad de proteger a los jueces y fiscales probos, que los hay, y defenderlos de cualquier amenaza de atentar contra su integridad o la de su familia, pero, instaurar jueces sin rostro, es, hoy, totalmente absurdo e inconstitucional.
César Acuña es de una raza distinta
Por otro lado, nuestro peculiar gobernador regional ha solicita se establezca un Estado de Sitio para, según su perspectiva, combatir al terrorismo urbano. O el gobernador regional no sabe lo que es un Estado de Sitio, demostrando una ignorancia a la que ya nos tiene acostumbrado, o le dictaron mal el libreto.
En la Constitución peruana, el estado de sitio se regula en el artículo 137 y se decreta en situaciones de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro inminente de que se produzcan. Se caracteriza por la suspensión de algunos derechos fundamentales y la asunción de facultades legislativas por parte del Ejecutivo, además de la reunión del Congreso de pleno derecho.
Sobre la base de lo descrito en el párrafo anterior, la situación actual no amerita un estado de sitio, tampoco un estado de emergencia, porque, ya se ha demostrado en la práctica que no sirve para absolutamente nada.
En resumen, tenemos dos autoridades, llamadas a dirigir la ciudad y la región, cuya única función en estos casos es gestionar las acciones concretas y reales que el Gobierno Central debe implementar para defendernos de estas hordas de asesinos que nos mantienen en vilo día a día, que no tienen la menor idea de lo que se debe hacer en estos casos, autoridades cuya situación ha sobrepasado, ensimismados en una ignorancia supina, cuyas consecuencias las sufrimos todos los liberteños.
Debe quedar claro que la autoridad llamada a efectivizar las acciones pertinentes es la señora Dina Boluarte y el arlequín que tiene de ministro del Interior, implementado grupos especiales de inteligencia que trabajen en conjunto con grupos especiales de acción, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial depurando a los malos elementos que, en cada órgano estatal, forman parte de estas organizaciones, entre tantas cosas más, pero, pedir ello es como pedir a las piedras que reciten poemas.
Somos una ciudad a la deriva, abandonada a su suerte, destruida en sus raíces, con un futuro electoral incierto y preocupante. Dios no encuentre confesados.
abogado constitucionalista
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