En un esfuerzo por intensificar la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia, el Gobierno Central decidió prorrogar el estado de emergencia en Trujillo y Pataz, así como en otras provincias del país.
El anuncio fue realizado este miércoles por el primer ministro, Gustavo Adrianzén, tras una reunión del Consejo de Ministros.
La medida afecta a las provincias de Pataz y Trujillo, así como a las zonas del Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, en la región amazónica de Loreto. Adrianzén explicó que esta decisión busca reforzar la labor de las fuerzas de seguridad del Estado para combatir de manera más eficiente las actividades delictivas.
“Se ha considerado que es importante reforzar el trabajo que vienen realizando nuestras fuerzas y el cuerpo de seguridad del Estado a efectos de poder combatir de una manera más eficiente al crimen organizado y al tráfico ilícito de drogas”, afirmó el primer ministro.
En la región del Putumayo, ubicada en la triple frontera con Ecuador y Colombia, se ha detectado la presencia de bandas criminales involucradas en la minería ilegal y el tráfico de drogas.
Adrianzén enfatizó la necesidad de una respuesta contundente en esta área. “En esta zona del Putumayo, donde recién empezamos a ver los primeros brotes de estos actos de criminalidad, tenemos que tener una presencia más firme de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esta es una prórroga por 60 días que inicia a partir del 12 de junio”, detalló.
Pataz y Trujillo en situación crítica
La provincia de Pataz, en La Libertad, continuará bajo estado de emergencia por 30 días más a partir del 13 de junio. Esta extensión se debe a la necesidad de fortalecer la lucha contra las organizaciones criminales que afectan la actividad minera formal en la zona.
En los últimos meses, Pataz ha sido escenario de varios ataques y atentados contra la minera Poderosa, que ha cobrado la vida de 17 personas y llevando a la declaración del estado de emergencia en febrero pasado.
Por otro lado, en Trujillo también se prolongará el estado de excepción durante 30 días, desde la misma fecha. La Policía Nacional de Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, seguirá a cargo del control del orden interno en esta localidad.
