La Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha tomado una decisión que ha generado controversia en Trujillo. A través de la resolución N° 339-2023-06 PNP/DIRNOS-DIASEEST, el comandante general de la PNP, Jorge Luis Angulo Tejada, decidió rechazar la solicitud del alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, para renovar su servicio de seguridad y resguardo personal, el cual había estado vigente durante seis meses. Esta medida se basa en la falta de pruebas que respalden que la vida e integridad del alcalde estuvieran en riesgo.
El servicio de seguridad y protección personal al alcalde de Trujillo fue asignado el 16 de febrero del 2023, con una duración inicial de seis meses. Sin embargo, el 7 de agosto, la División de Inteligencia de la Dirección de Seguridad del Estado de la PNP llevó a cabo una evaluación de riesgo que concluyó suspender el servicio.
Según la resolución, en su artículo 2 se determina la conclusión de este servicio especial al alcalde Fernández. Esta medida ha causado un debate sobre la necesidad y justificación de la seguridad personal para autoridades locales.
“No depende de mí”
El jefe de la Tercera Macro Región Policial, general PNP Augusto Ríos Tiravanti, ha explicado que la decisión no fue tomada a la ligera, sino que obedece a directivas que establecen quiénes deben contar con seguridad personal. Según la ley, los alcaldes provinciales no están incluidos en esta categoría. El proceso de asignación de seguridad para el alcalde de Trujillo se inició cuando este presentó informes sobre posibles amenazas a su vida.
Sin embargo, tras una evaluación, la División de Inteligencia de la Dirección de Seguridad del Estado de la PNP concluyó que no había pruebas contundentes de que su vida estuviera en peligro, lo que llevó a la decisión de no renovar el servicio.
“Esta decisión no la he tomado yo. Hay una directiva que establece quiénes deben tener seguridad. A los alcaldes provinciales, por ley, no le corresponde”,
Augusto Ríos Tiravanti, general PNP
Arturo Fernández responde
El alcalde César Arturo Fernández ha expresado su desacuerdo con esta medida a través de sus redes sociales. Argumenta que es extraño que se le retire el servicio de seguridad en un momento en que denuncia la presencia de una organización criminal en Lima y acusa a la población de estar infiltrada por mafias integradas por gobernantes. Además, ha responsabilizado a la Policía Nacional del Perú de cualquier posible atentado que pueda sufrir a partir de ahora.
La decisión de la Policía Nacional del Perú de retirar el servicio de seguridad al alcalde de Trujillo ha generado un debate en la comunidad local. Mientras las autoridades argumentan que la falta de pruebas justifica esta acción, el alcalde sostiene que su denuncia de la presencia de organizaciones criminales lo hace un blanco de amenazas.
Este caso plantea preguntas importantes sobre el equilibrio entre la seguridad y la transparencia en la política local y subraya la necesidad de un debate informado y constructivo sobre este tema crucial en la sociedad.
