Durante el año 2023, los distritos de Alto Trujillo y El Porvenir, situados en la provincia de Trujillo, región La Libertad, se reportaron una alarmante cantidad de casos de violencia familiar y sexual.
Según datos revelados en la primera audiencia pública y la sesión ordinaria del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (Codisec) de Alto Trujillo, el Centro de Emergencia Mujer (CEM) reportó 1205 casos de violencia familiar en esta área, abarcando diversas formas de maltrato psicológico, físico, económico y sexual.
El Porvenir y Alto Trujillo en crisis
Entre estas cifras, destacan los 167 casos de violencia sexual, una situación crítica que refleja vulnerabilidad de los menores de edad que demanda una atención inmediata por parte de las autoridades.
Además, se registraron 559 casos de violencia psicológica, 467 casos de agresiones físicas y 12 casos de agresiones económicas.
Es importante señalar que la mayoría de las víctimas fueron mujeres, con un total de 1002 casos atendidos, mientras que 203 fueron hombres. Estos datos reflejan la urgencia de abordar la violencia de género de manera integral y con perspectiva de género.
Por otro lado, la comisaría de Alto Trujillo informó que durante el mismo período se atendieron 437 casos de violencia familiar, evidenciando la magnitud del problema en la zona. Además, se reportaron 3 denuncias por violencia escolar en colegios de la localidad.
Ante esta situación, el alcalde de la provincia de Trujillo y presidente del Codisec, Mario Reyna Rodríguez, anunció medidas para abordar el problema de la violencia familiar y sexual en la región.
Se ha diseñado un plan de acción que incluye charlas de sensibilización, así como inversiones en infraestructura y equipamiento para fortalecer la seguridad ciudadana en Alto Trujillo.
Este plan estratégico busca no solo combatir la delincuencia, sino también abordar sus causas subyacentes, promoviendo el desarrollo socioeconómico y brindando oportunidades de empleo y recreación para los jóvenes. Sin embargo, el alcalde reconoce que estas medidas deben complementarse con una mayor inversión pública y equipamiento tecnológico para las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, como la Policía Nacional y el Ministerio Público.
Es importante destacar que, debido al preocupante aumento de la inseguridad ciudadana, las provincias de Trujillo y Pataz se encuentran en estado de emergencia desde el 14 de febrero, por un período inicial de 60 días.
Si bien esta medida ha contribuido a disminuir temporalmente los índices delictivos, los moradores exigen acciones a largo plazo para abordar las causas estructurales de la violencia y garantizar la seguridad y el bienestar de todas las familias.
