Trujillo volvió a registrar un hecho violento en medio de las celebraciones por el Día de la Canción Criolla y Halloween. A pesar de la presencia policial y el estado de emergencia vigente, un audaz asalto sacudió el centro de la ciudad el 31 de octubre: dos delincuentes a bordo de una motocicleta robaron a un ciudadano que minutos antes había retirado una fuerte suma de dinero, más de S/ 100 mil, de una entidad bancaria.
Tarde de terror en Trujillo
El incidente ocurrió alrededor de las 4:30 p.m., cerca de la Plaza de Armas de Trujillo, en la cuadra tres del jirón Orbegoso, a escasos metros de la oficina del general José Zavala, jefe de la región policial de La Libertad.
Según los informes, los asaltantes siguieron a la víctima desde que salió del banco y, al estacionarse en una cochera, irrumpieron en el lugar amenazando al vigilante y disparando contra el vehículo donde guardaba el dinero.
El coronel Víctor Reboredo detalló que los delincuentes, además de disparar, ingresaron armados y se llevaron el botín sin encontrar resistencia. La situación ha generado gran preocupación e indignación en la ciudadanía, especialmente porque el ataque tuvo lugar en medio de la presencia de menores que celebraban en las inmediaciones.
Un testigo que presenció el robo expresó su descontento: «Sentimos dos balazos acá. Hemos salido a ver, mis muchachos estaban por abrir el negocio, se asustaron. Ellos han visto a dos delincuentes que han entrado, han disparado a una camioneta y han salido caminando con el arma en la mano”, relató a Exitosa.
Tres provincias siguen en estado de emergencia
Ante el alarmante índice de inseguridad, el estado de emergencia en las provincias de Trujillo, Virú y Pataz fue prorrogado por el Gobierno el pasado 11 de octubre, por un período adicional de 30 días.
Esta medida, respaldada por los decretos supremos 107-2024-PCM, 108-2024-PCM y 109-2024-PCM, permite a la Policía Nacional del Perú (PNP), con el apoyo de las Fuerzas Armadas, asumir el control del orden interno.
Entre las restricciones se encuentran la suspensión de derechos como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y la seguridad personal, todo en un esfuerzo por contener la criminalidad.
La medida responde a la necesidad de un enfoque integral que, bajo el marco del Decreto Legislativo 1186, regula el uso de la fuerza por parte de la PNP, así como al Título II del Decreto Legislativo 1095, que establece las normas para el uso de la fuerza por las Fuerzas Armadas. Este despliegue está diseñado para proteger a la ciudadanía, con especial atención a mujeres y personas vulnerables.
