El reciente atentado contra la sede del Ministerio Público en Trujillo puso en evidencia la infiltración del crimen organizado en el norte del Perú. Entre los cinco detenidos presentados por el Ministerio del Interior como responsables del ataque, destaca el nombre de Héctor Oliveros Tablante, alias chamo Héctor, un ciudadano venezolano con un rol clave en las operaciones delictivas de la banda Los Pulpos.
Sin embargo, más allá de su participación en actividades ilegales, lo que genera mayor controversia es que Oliveros, pese a sus presuntos vínculos con el Tren de Aragua, recibió beneficios migratorios que facilitaron su permanencia en el país.
Según la Policía Nacional del Perú (PNP), Héctor Oliveros era un operador clave en el esquema criminal que une a Los Pulpos, liderados por Jhonsson Smith Cruz Torres, con el Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más temidas de Venezuela.
Este acuerdo entre ambas bandas ha permitido un reparto delictivo: mientras los locales se encargan de actividades como secuestros, extorsión y cobro de cupos, los extranjeros dominan la plaza de los préstamos gota a gota, un sistema de financiamiento ilegal que esclaviza económicamente a sus víctimas.
Oliveros no solo movía el dinero negro generado por estas actividades, sino que también coordinaba la logística de ataques como el atentado contra la Fiscalía. Cámaras de seguridad captaron a un hombre, presuntamente extranjero, dejando una caja de delivery con dinamita en el jardín de la sede, lo que reforzó las sospechas en su contra.
Trujillo: Migraciones le dio salvoconducto migratorio
Uno de los puntos más cuestionados del caso es cómo un extranjero presuntamente vinculado al crimen organizado logró regularizar su situación migratoria en Perú. Según documentación revelada, el 31 de octubre de 2023, Migraciones emitió la resolución 702-2023, condonando una multa por exceso de permanencia en el país y otorgándole un salvoconducto.
Este beneficio fue justificado bajo los principios de protección a la unidad familiar y el interés superior del menor, ya que Oliveros presentó un acta de nacimiento de su hijo peruano registrado en Reniec. Además, un informe social lo calificó como una persona en «situación de vulnerabilidad» debido a su pobreza.
Migraciones aseguró que el procedimiento fue transparente, destacando que Oliveros presentó un certificado de antecedentes penales apostillado que confirmaba la inexistencia de delitos en Venezuela, así como un informe de Interpol sin alertas internacionales.
Sin embargo, este procedimiento administrativo ahora es fuertemente cuestionado, ya que permitió que Oliveros continuara operando en el país sin restricciones, a pesar de sus vínculos con el crimen organizado.
Sigue tensión entre Fiscalía y PNP
La detención de Héctor Oliveros y su pareja, alias Cami, en un operativo policial también trajo consigo el hallazgo de evidencia que los conecta con actividades extorsivas. Se incautaron más de 6 000 soles, cartuchos de dinamita y stickers utilizados para intimidar a sus víctimas.
El atentado no solo dejó en evidencia la violencia del crimen organizado, sino que también generó tensiones entre el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, criticó al ministro Juan José Santiváñez por revelar detalles sensibles del caso, incluyendo los nombres de fiscales amenazados.
«La divulgación de información reservada no solo pone en peligro a los magistrados, sino que también obstaculiza las investigaciones en curso», advirtió Espinoza, mientras se intensifican las medidas de seguridad en torno a las autoridades judiciales.
