El 2024 no pudo cerrar peor para Arturo Fernández Bazán: vacado de la municipalidad de Trujillo, prófugo de la Justicia y con cuatro denuncias penales presentadas por la Procuraduría Municipal.
Estas acciones legales, que abarcan delitos como colusión agravada, peculado, omisión de actos funcionales y designación ilegal en el cargo, podrían derivar en sanciones penales y económicas tanto para él como para varios de sus exfuncionarios.
Arturo Fernández y las denuncias en su contra
1.
Colusión agravada por adquisición irregular de barreras antihuaicos
- La más grave de las denuncias recae sobre la compra de 6,000 barreras de plástico destinadas a prevenir huaicos. Esta operación, realizada a fines del 2023 por contratación directa y sin expediente técnico ni requerimientos formales, implicó un desembolso de S/ 3.3 millones. Actualmente, las barreras permanecen inutilizadas y deterioradas en el exterminal terrestre Santa Cruz, en Chicago.
- El delito de colusión agravada podría acarrear penas de 6 a 15 años de prisión para los implicados, incluyendo al exgerente municipal, Jesús Velásquez, y otros altos funcionarios.
2.
Peculado en el Complejo Chan Chan
- La segunda denuncia se centra en el presunto robo de materiales de construcción del Complejo Chan Chan. Este caso, investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, involucra a exgerentes y subgerentes municipales, como Richard Calderón Ávila y Elsa Novoa Vega, en un esquema de sustracción de bienes públicos.
3.
Omisión de actos funcionales
- La tercera acusación señala la falta de pago a siete trabajadores de la Procuraduría Municipal, quienes prestaron servicios sin recibir sus remuneraciones. Este incumplimiento de funciones representa una violación directa a las responsabilidades administrativas del exalcalde y su equipo.
4.
Designación ilegal en el cargo
- Finalmente, Arturo Fernández es acusado de designar a Jesús Velásquez Reyna como gerente municipal, a pesar de que este no cumplía con los requisitos establecidos para el puesto.
Investigaciones de la Contraloría
Además de las denuncias penales, la Contraloría General de la República investiga dos casos adicionales, que son irregularidades en la contratación directa bajo el Decreto de Urgencia N° 032-2023, que permitió adjudicaciones simplificadas por S/ 12.5 millones para el mantenimiento vial en Trujillo, y la sobrevaloración en obras de mantenimiento vial, donde se aprobaron pagos superiores al avance real de las obras realizadas por la empresa SK Inversiones Generales S.A.C.
