La inclusión de Arturo Fernández Bazán, suspendido alcalde de Trujillo, en la lista de burgomaestres requisitoriados de La Libertad ha vuelto a inflamar el debate sobre la eficacia de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el sistema de justicia en el país.
Fernández se une a sus colegas Roger Quispe Rosales y Carlos Vásquez Llamo, alcaldes de Moche y Víctor Larco, respectivamente, quienes, a pesar de las órdenes de captura en su contra, siguen evadiendo la justicia.
Ambas autoridades, que ejercieron el poder cuando formaban parte de Alianza Para el Progreso, la agrupación del gobernador César Acuña Peralta, están incluidos en la lista del Sistema de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter).
Fernández se une a sus colegas Roger Quispe Rosales y Carlos Vásquez Llamo, alcaldes de Moche y Víctor Larco, respectivamente, quienes, a pesar de las órdenes de captura en su contra, siguen evadiendo la justicia.
El Estado ofrece por información que dé con su captura diez mil soles.
Quispe Rosales, prófugo desde 2019, fue condenado a cinco años de prisión efectiva por negociación incompatible.
Se le responsabiliza por causar un perjuicio de más de 98 mil soles al municipio de Moche al firmar un contrato con una empresa que nunca ejecutó la obra.
Otro caso lamentable es el del exalcalde de Víctor Larco, Carlos Vásquez Llamo. Su sentencia por colusión agravada fue ratificada en diciembre del 2021 por la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia, que dictó cuatro años y seis meses de prisión. Desde entonces, se ha emitido una orden de captura en su contra.
Marcelo: libre desde la clandestinidad
Caso parecido lo experimentó el también alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto. En abril del 2022 fue incluido en la lista de los más buscados del país y por quien se ofrecía 20 000 soles.
El burgomaestre fue sentenciado a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva por negociación incompatible.
Cuando era alcalde de La Esperanza recibió la denuncia por el alquiler de cinco baños químicos por la suma de 78 000 soles, cuando en el mercado local el mismo servicio se ofertaba por 2000 soles.
Desde la clandestinidad, Marcelo logró que el Tribunal Constitucional (TC) anulará su sentencia por corrupción y que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le restituyera su credencial del alcalde de Trujillo.
Regresó al cargo en diciembre del 2022, apenas unos días previos antes de que acabe su periodo.
Alcaldes: ¿Y la Policía, dónde está?
La impunidad contra los alcaldes de Trujillo sentenciados plantea serias dudas sobre la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley.
Arturo Fernández Bazán, conocido por su polémico estilo de gestión, ha enfrentado una serie de acusaciones que lo han llevado a ser suspendido de su cargo.
Su alejamiento del sillón municipal se debe a que fue condenado, en segunda instancia, por el delito de difamación agravada contra una policía.
Luego, afrontó otro proceso por el mismo delito contra el exdirector del Proyecto Huacas de Moche, Ricardo Morales.
El último 15 de agosto, y luego de 15 audiencias reprogramadas y unos 30 actos dilatorios provocados por desacatos de Fernández, la jueza Ingrid Pajares Acosta, titular del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, lo declaró reo contumaz.
La magistrada instruyó a la Policía Nacional del Perú (PNP) ubicar y capturar a la exautoridad.
El lunes 26 Fernández Bazán compartió, por sus redes sociales, un video en el que denunció que la orden de atraparlo es una coartada para asesinarlo.
Crítica policial
Estos casos pone de evidencia una serie de problemas estructurales que afectan al sistema de justicia y a la PNP.
En primer lugar, la falta de coordinación entre las distintas instituciones encargadas de hacer cumplir la ley parece ser un factor determinante en la incapacidad para capturar a estos alcaldes requisitoriados.
Desde la clandestinidad, Marcelo logró que el Tribunal Constitucional (TC) anulará su sentencia por corrupción.
Además, la corrupción dentro de las propias fuerzas de seguridad podría estar facilitando la evasión de la justicia, un aspecto que requiere una investigación más profunda.
Las críticas hacia la Policía Nacional son cada vez más intensas. La percepción de que la ley no se aplica de manera equitativa y que los poderosos pueden evadir las consecuencias de sus acciones es un sentimiento que está enrareciendo el clima social y político en el país.
