Más de 200 personas murieron —y otras estimaciones elevan la cifra hasta 400— tras el colapso de una mina ilegal de coltán en Rubaya, al este de la República Democrática del Congo. Una tragedia provocada por lluvias intensas, túneles precarios y ausencia total de control estatal que, aunque ocurrió a miles de kilómetros del Perú, expone un riesgo que no es ajeno a la región La Libertad.
El derrumbe sepultó a cientos de trabajadores que extraían el mineral en condiciones extremas, sin medidas de seguridad, sin equipos de protección y sin ningún tipo de fiscalización técnica.
Decenas de cuerpos continúan atrapados bajo toneladas de lodo y roca, mientras organizaciones humanitarias advierten que el número real de víctimas podría nunca conocerse con exactitud.
Un espejo incómodo para La Libertad
Las causas estructurales de la tragedia de Rubaya —minería ilegal, ausencia del Estado, rentabilidad extraordinaria y subregistro de víctimas— están presentes también en regiones del Perú. En La Libertad, provincias como Pataz, Sánchez Carrión y Otuzco concentran una expansión sostenida de la minería ilegal e informal, según reportes del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y de la Defensoría del Pueblo.
En Pataz, la extracción se realiza mayoritariamente en socavones profundos, muchos de ellos abandonados por empresas formales y reabiertos sin criterios técnicos. Informes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y de la Policía Nacional del Perú advierten riesgos constantes de derrumbes, acumulación de gases tóxicos y explosiones por el uso indiscriminado de dinamita.
A diferencia del Congo, donde predomina la minería a cielo abierto, en La Libertad el peligro se concentra bajo tierra. Un solo colapso de socavón podría sepultar a decenas de trabajadores que laboran sin contrato, sin seguro y fuera de cualquier registro oficial.
La Libertad: Pataz y las muertes que no existen en las estadísticas
Una de las similitudes más alarmantes entre África y el norte peruano es el subregistro de víctimas. En zonas mineras de La Libertad, organizaciones civiles y medios de comunicación han documentado casos de fallecidos cuyos cuerpos no ingresan al sistema forense, son retirados por compañeros o enterrados de manera clandestina para evitar intervenciones policiales.
El Observatorio de Conflictos Mineros del Perú advierte que la minería ilegal no solo genera accidentes laborales, sino también una cadena de violencia asociada a sicariato, trata de personas, trabajo infantil, lavado de activos y control territorial por organizaciones criminales.
Ausencia de control del Estado
Especialistas y entidades como la Contraloría General de la República y el Instituto Peruano de Economía (IPE) han cuestionado el uso prolongado del REINFO, mecanismo creado como tránsito hacia la formalización, pero que en la práctica termina blindando operaciones ilegales. Mientras el riesgo penal sea bajo y la rentabilidad alta, la minería ilegal seguirá operando incluso en zonas de altísima peligrosidad geológica.
El caso de Rubaya confirma que la falta de control estatal no solo alimenta economías ilegales: mata.
La tragedia del Congo no es un hecho aislado. La mina colapsada se ubica en una zona controlada desde 2024 por el grupo rebelde M23, organización armada que financia su accionar mediante tributos ilegales a la producción de coltán, según informes del Grupo de Expertos de la ONU. Túneles excavados a mano, sin ventilación ni apuntalamiento, terminaron cediendo ante las lluvias: una tragedia anunciada.
El coltán, mineral clave para la fabricación de celulares, computadoras, equipos médicos e industria aeroespacial, sostiene una cadena global de consumo que, en muchos casos, se construye sobre ilegalidad y muerte. La ONU estima que el conflicto minero en el este del Congo ha generado más de 7 millones de desplazados.
En La Libertad, los elementos de riesgo ya están sobre la mesa: minería ilegal, crimen organizado, precariedad laboral y ausencia de alternativas productivas. La pregunta ya no es si una tragedia similar puede ocurrir, sino cuándo.
Ignorar la advertencia sería aceptar que la próxima catástrofe minera no sea una sorpresa, sino una consecuencia anunciada.
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