Como en una ópera salvaje para tribus urbanas, en la mala política, la verdad se canibaliza; aunque, en el silencio de quien la muerda, raspe, duela y sangre. Y Arturo Fernández, conocedor de la norma y de la ley municipal, construyó una seudoverdad entorno a la suspensión como alcalde provincial de Trujillo: lo sacó el poder y la corrupción, retórica también repetida por sus seguidores.
Tras desgastar su garganta en un plantón en el exterior del local del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y con el sol sobre sus cabezas, los seguidores de Arturo Fernández ingresan a la Plaza de Armas de Trujillo. Lo hacen por el jirón Pizarro y cargan pancartas que victimizan al suspendido alcalde, mal llamado loco.
Aunque caminan vigilados por la policía antimotines, la tienen clara: insultar a quienes piensan distinto y repetir que la corrupción y la prensa es la culpable de la salida de Fernández. Apenas cubren dos cuadras; sin embargo, aseguran que representan al pueblo. El trovador Silvio Rodríguez, quien canta sobre el pueblo que renace en la revolución, se enojaría al escucharlos.
La verdad, la real y contraria a la de Fernández, nació en mayo de 2021, cuando la pandemia por la covid-19 golpeaba con muertos y centenares de hospitalizados.
El loco de Moche, fue detenido por agentes de la comisaría de dicho distrito por intentar sabotear una campaña de vacunación contra el letal virus. Al dejar el calabozo, disparó a quemarropa.
Hizo una transmisión en vivo para difamar y lanzar improperios contra la teniente de Policía, Nátaly Rojas. “Póngase bien ese calzón, póngase bien ese sostén”, le dijo, además de dejar en claro que ella dañaba la imagen de la Policía.
La oficial no dudó en hacer prevalecer sus derechos y lo denunció. La justicia le dio la razón y abrió la caja de Pandora para Fernández, quien tiene un historial público y legal por no saber controlar sus palabras: agrias, tendenciosas y fétidas. En el siguiente video, la sentencia en segunda instancia.
Incluso, la presunción de inocencia alegada por su abogado, para que los magistrados del JNE suspendieran la audiencia de suspensión en el cargo como burgomaestre, cayó en una falacia: Arturo Fernández, en el proceso legal, reconoció el delito y pagó la reparación civil antes de la sentencia en segunda instancia.
Tal vez Arturo Fernández olvidó lo señalado por la Ley de Código de Ética de la Función Pública que sostiene que un funcionario público, de cualquier nivel, debe de actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona. Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener una capacitación sólida y permanente.
“Morir es vivir, y con una medalla dar el gracias canalla, un aplauso y adiós”, canta Silvio Rodríguez. Fernández, ¿algún día reconocerá ante el pueblo que se equivocó?
