Telefónica del Perú confirmó el viernes que procederá con el pago de 1.361 millones de soles a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), tras resolver una disputa legal relacionada con su declaración de impuestos de los años 2000 y 2001.
La compañía informó que, a pesar de haber cuestionado los reparos efectuados por la Sunat, ha decidido efectivizar el pago bajo protesto, en respeto a la institucionalidad y la seguridad jurídica del país.
Telefónica: esta fue su excusa
En enero del año pasado, Telefónica había anunciado la resolución de la Corte Suprema de Justicia y señaló que había realizado oportunamente el provisionamiento de esta contingencia.
La controversia con la Sunat se centra en los ingresos que Telefónica asegura no haber percibido en los años 1998, 2000 y 2001. A pesar de que la autoridad tributaria objetó deducciones de gastos, la empresa aceptó algunas de estas objeciones.
Telefónica del Perú criticó la aplicación indebida de interés moratorio por parte de la Sunat, que resultó en que el 80% del monto en disputa estuviera compuesto por intereses y multas. Aunque el Tribunal Constitucional reconoció los argumentos de la compañía respecto al cómputo de los intereses, el Poder Judicial validó algunos de los reparos hechos por la Sunat.
Telefónica se defiende
La empresa ha instruido a las entidades financieras para que realicen el pago a la Sunat de la suma acordada en cumplimiento de las cartas fianzas emitidas en el marco de la controversia fiscal.
Telefónica del Perú reafirmó su compromiso como uno de los principales contribuyentes en el país, destacando que en sus 30 años de operaciones en Perú ha contribuido con el pago de 11.000 millones de soles en impuesto a la renta y otras aportaciones.
Además, la compañía señaló que el principal accionista, Telefónica S.A., mantiene desde 2021 un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por “diversas conductas del Estado peruano violatorias” del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Perú, que incluyen temas tributarios.
