El Perú, tierra de riquezas culturales y naturales, se enfrenta a una profunda crisis que amenaza su estabilidad y desarrollo. La interconexión entre la inestabilidad política, la corrupción arraigada en el Estado y la creciente inseguridad ciudadana ha creado un triángulo letal que socava los cimientos de la sociedad peruana.
En este artículo, desde la perspectiva de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), exploraremos cómo estos problemas se entrelazan y perpetúan, afectando negativamente la calidad de vida de millones de peruanos y comprometiendo el futuro del país.
La relación entre el Estado, gobernabilidad, inestabilidad política y seguridad ciudadana es intrínseca y recíproca. Una gobernabilidad efectiva contribuye a la promoción de la seguridad ciudadana, mientras que la seguridad ciudadana es esencial para el mantenimiento de la estabilidad política y social, así como para el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Es decir, la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos es un indicador clave de su legitimidad y eficacia en el ejercicio del poder.
El dato
Los últimos presidentes en el Perú
- El mandato presidencial en Perú es de cinco años, pero en los últimos tiempos el país vive una crisis política permanente que se ha caracterizado por la inestabilidad en el cargo. Si en los 16 primeros años del siglo XXI hubo cinco presidentes distintos (con Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala completando su periodo), en los ocho años siguientes, desde 2016 a 2024, ha habido seis. Y pueden ser más porque el futuro de Dina Boluarte pende de un hilo por el caso Rolex.
- De los 12 presidentes que han gobernado el Perú en lo que va del siglo XXI, es decir, sin contar a Remigio Morales Bermúdez (1974-1980) y Alberto Fujimori (1990-2001), 11 de ellos han tenido problemas con la justicia, han sido investigados, acusados, o llevados a prisión.
Lamentablemente, la corrupción en el Estado peruano ha incidido directamente en la pérdida de legitimidad y de eficacia en el ejercicio del poder de sus autoridades, al mismo tiempo que se incrementa la delincuencia y se socava la democracia.
Relación entre la corrupción en el Estado y la seguridad ciudadana
La corrupción en el Estado peruano ha sido un problema persistente que ha afectado negativamente tanto la seguridad ciudadana como la confianza en las instituciones gubernamentales.
La corrupción debilita la capacidad del Estado para garantizar la seguridad ciudadana al socavar la efectividad de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y administrar la justicia.
La falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos da lugar a la desviación de fondos destinados a la seguridad ciudadana, lo que limita la capacidad del Estado para combatir la delincuencia y proteger a los ciudadanos.
La corrupción debilita la capacidad del Estado para garantizar la seguridad ciudadana al socavar la efectividad de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y administrar la justicia.
Además, la corrupción alimenta la impunidad y la ineficacia en la persecución de delitos, lo que socava la confianza de la ciudadanía en las autoridades y en el sistema de justicia.
La percepción de que los funcionarios corruptos están por encima de la ley genera un clima de desconfianza y descontento entre la población, lo que afecta negativamente la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
La corrupción alimenta la impunidad y la ineficacia en la persecución de delitos, lo que socava la confianza de la ciudadanía en las autoridades y en el sistema de justicia.
En Aprosec opinamos que la corrupción facilita la proliferación de actividades criminales, como el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero, lo que representa una amenaza adicional para la seguridad ciudadana en el Perú.
El dato
Gobernadores y la corrupción
- Al término del periodo 2019-2022, siete gobernadores regionales terminaron presos por casos de corrupción. Una cifra elevada, considerando que son 26 las autoridades regionales en el Perú, es decir, casi un tercio de ellos fueron encarcelados por su mala gestión.
La corrupción en el Estado tiene un impacto significativo en la seguridad ciudadana al debilitar las instituciones encargadas de garantizar la ley y el orden, socavar la confianza en el sistema de justicia y promover la impunidad y la ineficacia en la persecución de delitos.
La lucha contra la corrupción es fundamental para fortalecer la seguridad ciudadana y promover el desarrollo sostenible en el Perú, así como para restaurar la confianza de la población en las instituciones democráticas y en el estado de derecho.
El dato
Corrupción se enquista en gobiernos locales y regionales
- Un informe de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción señala que 2059 autoridades y exautoridades, provenientes de todas las regiones, habrían incurrido en actos de corrupción durante sus gestiones como gobernadores o alcaldes.
- En detalle, fueron 57 gobernadores regionales procesados o sentenciados por este tipo de delitos y 2002 alcaldes (344 provinciales y 1.658 distritales).
Inestabilidad política y seguridad ciudadana
La inestabilidad política, a su vez, genera un impacto negativo en la seguridad ciudadana al debilitar la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley y mantener el orden público.
Los períodos de crisis política y cambio de gobierno generan vacíos de poder y debilitar las instituciones gubernamentales, lo que es aprovechado por grupos criminales y organizaciones delictivas para expandir sus operaciones y aumentar la violencia y la inseguridad en la sociedad.
El dato
Partidos salpicados por la corrupción
- En los últimos 20 años, 18 alcaldes distritales limeños fueron vacados y suspendidos por faltas o delitos.
- La inestabilidad y la corrupción afectaron a 12 distritos de la capital. Carabayllo, Punta Negra y Villa María del Triunfo tuvieron más autoridades removidas.
- Solidaridad Nacional (ahora Renovación Popular) colocó a cinco alcaldes suspendidos y vacados, acusados de delitos o crimen organizado.
La corrupción en el Estado, la inestabilidad política y la falta de seguridad ciudadana están interconectadas y se refuerzan mutuamente en un ciclo vicioso.
La lucha contra la corrupción y la promoción de una gobernanza transparente y eficaz son fundamentales para fortalecer la estabilidad política y la seguridad ciudadana en el Perú.
Esto requiere medidas integrales que aborden tanto las causas estructurales de la corrupción como las deficiencias en las instituciones democráticas y el estado de derecho, así como un compromiso firme por parte de las autoridades y la sociedad civil para promover la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia.
El dato
Presidentes vacados
- En tan solo seis años, Perú ha visto gobernar a seis presidentes. El último en completar el tiempo de mandato previsto de 5 años fue Ollanta Humala, de 2011 a 2016.
- De los últimos seis presidentes, solo dos llegaron a su cargo por elecciones; los otros cuatro, por sucesión constitucional.
La corrupción: un caldo de cultivo para la delincuencia
La corrupción en el Estado ha sido durante mucho tiempo una sombra oscura que se cierne sobre la sociedad, minando la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales y socavando los pilares de la democracia.
Pero su impacto va más allá de los escándalos políticos y los titulares sensacionalistas. La corrupción en el Estado no solo roba recursos y oportunidades al pueblo, sino que también contribuye directamente a la proliferación de la delincuencia en todas sus formas.
La corrupción crea un entorno propicio para la delincuencia al debilitar las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y administrar la justicia.
Los funcionarios corruptos que desvían fondos públicos y otorgan favores indebidos a cambio de sobornos crean una cultura de impunidad que permite que la delincuencia florezca.
La falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos facilita la corrupción y permite que los delincuentes se aprovechen de las debilidades del sistema para enriquecerse ilícitamente.
La corrupción también tiene un impacto directo en la seguridad ciudadana al debilitar la capacidad del Estado para combatir la delincuencia y proteger a los ciudadanos.
Los recursos que podrían destinarse a programas de prevención del delito, fortalecimiento del sistema de justicia y protección de las comunidades se desvían hacia intereses privados, dejando a la población desprotegida y vulnerable ante la delincuencia.
La falta de recursos, personal capacitado y equipos adecuados en las fuerzas del orden y el sistema judicial dificulta la persecución efectiva de los delitos y contribuye a la sensación de impunidad que alimenta la delincuencia.
La corrupción en el Estado es mucho más que un problema de ética o transparencia; es un factor clave que alimenta la delincuencia y socava la seguridad y el bienestar de la sociedad peruana.
Combatir la corrupción no solo es una cuestión de justicia y moralidad, sino también una necesidad urgente para proteger a los ciudadanos y fortalecer las instituciones democráticas del país.
Se necesitan medidas integrales que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, así como el fortalecimiento del estado de derecho y la lucha contra la impunidad.
Solo a través del compromiso y la cooperación de todos los sectores de la sociedad peruana, podremos construir un futuro más seguro y justo para todos.
Finalmente, en el Perú, el mensaje de Aprosec para todos y los políticos en particular, es que nadie está por encima de la Ley y más temprano que tarde, los corruptos irán a prisión.
César Ortiz Anderson
Presidente de Aprosec
