La minería, uno de los pilares económicos del país, enfrenta desde hace décadas un desafío fundamental: su convivencia con el medio ambiente y, sobre todo, con las comunidades que conviven a su alrededor. Summa Gold Corporation (SGC), una de las empresas más poderosas en el rubro, opera en Huamachuco, que parece haber quedado atrapado entre el oro y el temor. Los campesinos de Coigobamba y otros caseríos de la provincia Sánchez Carrión denuncian que, tras años de explotación minera, sus vidas han cambiado radicalmente.
Summa Gold y el escenario del conflicto
A solo unos kilómetros del cerro El Toro, Coigobamba es una zona agrícola y forestal donde la papa y los eucaliptos han sido fuente de subsistencia para generaciones. En medio de este paraje, Summa Gold desarrolló su proyecto minero Isabelita, que genera alrededor de 80 mil onzas de oro al año.
Sin embargo, para Lucy y María, dos ronderas campesinas de la zona, esta riqueza representa un alto costo: «Nos amenazan, disparan al aire para asustarnos, vuelan dinamita sin horarios, nuestras casas están rajadas”, relata Lucy. Sus palabras reflejan la tensión que se vive en el caserío, donde los pobladores denuncian agresiones, intimidación y contaminación ambiental.

Coigobamba: impacto ambiental y amenazas a la salud
A menos de un kilómetro de los hogares, las detonaciones de la minera sacuden el suelo. Las vibraciones provocan desprendimientos de rocas y una densa polvareda que, según los habitantes, afecta la salud y seguridad de los niños.
Summa Gold ha desviado cursos de agua sin autorización, según denuncian los campesinos, provocando un escaseo crítico de agua potable en Coigobamba y Shiracmaca, y alterando la red hídrica de la zona.
La Junta Administradora de Servicios y Saneamiento (JASS) expuso que el agua contaminada con residuos industriales afecta directamente a los sembríos y al consumo humano, una acusación que hasta ahora no ha obtenido respuesta concreta por parte de la empresa ni de las autoridades.
«Lo aplastó una roca»
En palabras de Lucy, la explotación minera ha traído consigo múltiples riesgos. «A un vecino le cayó una roca en plena hora de comida, le costó la vida. La minera no asumió responsabilidad alguna y la familia fue intimidada para que no demandara”, cuenta. Estos incidentes, según el Ministerio de Energía y Minas, no deberían ocurrir si se aplicaran los protocolos de seguridad de voladuras.

Desde su fundación en 2006, Summa Gold ha enfrentado denuncias por despojo de tierras, contaminación y amenazas contra quienes se oponen a sus actividades.
Fidel Sánchez Alayo, investigado por presunto lavado de dinero del narcotráfico, es señalado como su propietario y forma parte del clan Sánchez Paredes, involucrado en investigaciones por tráfico de drogas desde la década de 1980.
Además, el gerente Jaime Polar Paredes y otros directivos de Summa Gold enfrentan investigaciones por delitos ambientales y usurpación. Años de operativos judiciales no han logrado concretar condenas, y la empresa mantiene su presencia en Coigobamba, donde se ha ampliado, incluso obstruyendo caminos y reservorios.
Para Javier Soria, un hombre de fe y natural de Huamachuco, la esperanza en el cambio es vital: «Esto era un paraíso. Hoy, si sigue la expansión, nos acorralarán. Vivo aquí toda mi vida y no quiero dejar este lugar. Rezamos para que las autoridades y Dios nos ayuden”. Mientras tanto, Lucy y María continúan en patrullaje diario, intentando proteger lo que queda de su tierra y sus costumbres.
Summa Gold se negó a responder a nuestros pedidos de entrevista. La incertidumbre y el desasosiego persisten en Coigobamba.
Artículo relacionado:
Esto hace la minería en La Libertad: lo que Summa Gold no quiere que sepas
– Lee el reportaje aquí.
