Las recientes elecciones generales 2026 de Perú dejaron un mensaje claro: la seguridad ciudadana fue uno de los factores cruciales para la población.
Según encuestas publicadas por Ipsos en abril de este año, el 82 % de peruanos considera la delincuencia como el principal problema del país, por encima de la economía.
En 2025, el Ministerio Público reportó más de 2 600 homicidios dolosos, casi el doble que a finales de 2018, y las denuncias por extorsión pasaron de 3200 a más de 26 500 en cinco años.
Ese es el contexto en el que dos candidatos se aferran al discurso de mano dura: Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú.
Keiko Fujimori: más cárcel, más policía
Keiko Fujimori, quien ya está confirmada como una de las dos finalistas en la segunda vuelta, ha repetido en sus últimas entrevistas que el gran problema de la seguridad ciudadana es la impunidad.
En un acto de campaña en Lima, en abril de 2026, aseguró que “si el delincuente no siente que va a la cárcel, el ciudadano se siente solo en la calle”.
Su propuesta se concentra en tres ejes: endurecer penas, ampliar el uso de la prisión preventiva, y reforzar la presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) en zonas de alta conflictividad.
En sus ruedas de prensa, Fujimori ha insistido en que “la Policía tiene que sentirse respaldada por el Estado”, y ha prometido que su gobierno colocará más patrullas, más cámaras y más destinos policiales en barrios donde hoy reina la delincuencia organizada.
Pero especialistas advierten que este enfoque, sin una reforma de la Policía ni del sistema penitenciario, puede saturar más las cárceles sin reducir en lo profundo la violencia.
Sánchez: orden, comunidad y tecnología
Del otro lado del espectro, Roberto Sánchez, candidato de izquierda radical, propone una combinación de orden, patrullaje comunitario y tecnología.
En entrevistas recientes, ha dicho que “la mano dura no puede ser solo golpear: también tiene que escuchar al barrio, entender por qué entra el sicario y cómo el Estado lo permite”.
En su plan de gobierno, Sánchez habla de fortalecer el patrullaje comunitario de la PNP, trabajar con juntas vecinales y serenazgos, y crear una Plataforma Nacional de Análisis Criminal para detectar puntos de conflicto antes de que estallen en episodios de violencia.
También ha señalado que su meta es reducir la tasa de homicidios de 8,6 a 6 por cada 100 mil habitantes y bajar la extorsión en cinco años, aunque sin detallar en cifras presupuestales cómo lo hará.
Ayuda externa y cooperación internacional
En este contexto, varios candidatos han planteado la posibilidad de solicitar apoyo de cooperación internacional para fortalecer la inteligencia policial, la formación de oficiales y la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Algunos documentos mencionan articular alianzas con agencias de seguridad de Estados Unidos, la Unión Europea y organismos de la ONU para mejorar sistemas de análisis de datos, rastreo financiero y prevención de violencia juvenil.
Peruanos en el ejército ucraniano
En paralelo al debate electoral, ha cobrado relevancia el fenómeno del reclutamiento de peruanos en las fuerzas armadas de Ucrania.
Medios nacionales han documentado que un número creciente de ciudadanos, muchos con o sin experiencia militar, han firmado contratos con el ejército ucraniano, seducidos por salarios de hasta 5000 dólares mensuales.
Estos jóvenes suelen ser exmilitares, expolicías o simplemente voluntarios motivados por la necesidad económica, la búsqueda de aventura o ideales de defensa de la democracia frente a la invasión rusa.
El gobierno peruano, hasta ahora, no ha confirmado ni desmentido oficialmente la participación de ciudadanos en el conflicto.
