La Municipalidad Provincial de Trujillo ultima los detalles para implementar un polémico vehículo hidrante como última medida contra los comerciantes informales que se resisten a dejar las vías públicas.
El alcalde Mario Reyna Rodríguez insiste en que no se trata de un ‘rochabus’ tradicional. «Es un camión equipado con sistema hidrojet que usaremos de forma controlada solo cuando fallen todas las opciones de diálogo», explicó el burgomaestre durante la última sesión de regidores.
«Sería peor utilizar la fuerza con los agentes de la Unidad de Control de Ambulantes e Informales (UCAI). Esto generaría enfrentamientos que pueden acabar mal», puntualizó.
En la reunión, también, se presentó la gerenta de Fiscalización y Control, Vicky Mori del Águila, quien precisó que el uso del lanzagua será de carácter disuasivo.
«Es un camión equipado con sistema hidrojet que usaremos de forma controlada solo cuando fallen todas las opciones de diálogo».
El vehículo será empleado específicamente para desalojar a aquellos vendedores que instalan estructuras fijas —de metal, madera u otros materiales— en plena vía pública, lo que genera serios obstáculos para peatones y vehículos.
Mori señaló que previamente se han implementado todas las estrategias disponibles, incluyendo el decomiso de mercancías, sin lograr controlar efectivamente el comercio ambulatorio.
«El problema ha escalado a un nivel de permanencia absoluta», advirtió, explicando que muchos comerciantes operan las 24 horas del día y hasta dejan sus puestos instalados durante la noche, consolidando así su ocupación ilegal del espacio público.
Rochabus en Trujillo: mejoras
La medida, que podría aprobarse la próxima semana mediante ordenanza municipal, generó un intenso debate entre los concejales.
El regidor Luis Miguel González Rosell apoyó la iniciativa, pero exigió protocolos claros. «Debemos evitar excesos y dejar establecido exactamente cuándo y cómo se empleará este recurso», sostuvo durante la discusión.
Su colega Eiby Gubert fue más allá, solicitando una revisión exhaustiva del marco sancionador.
Las intervenciones se concentrarán en puntos críticos como la calle Sinchi Roca y sus alrededores, así como en principales avenidas como Los Incas, Larco y Juan Pablo II, además de las zonas aledañas a centros universitarios y hospitalarios.
«No podemos exponernos a denuncias por abuso de autoridad. Cada intervención debe estar perfectamente justificada y documentada», argumentó la regidora.
La próxima semana, cuando el concejo municipal vote la ordenanza, Trujillo sabrá si el agua se convertirá en su nueva arma para recuperar el espacio público perdido.
