La ventilación de los contratos por 315.6 millones de soles otorgados por el Gobierno Regional de La Libertad a consorcios representados por Lucero Coca Condori, una joven de 23 años, al frente de LC & EC Constructora Consultora y Servicios, ha desatado un debate que trasciende los titulares.
Mientras algunos ven en este caso posibles irregularidades, otros sugieren que podría tratarse de una operación empresarial legítima envuelta en un contexto político. La historia, destapada por el programa “Panorama” y ampliada por La República, ha puesto bajo la lupa la gestión de César Acuña Peralta, pero también invita a reflexionar sobre los mecanismos detrás de las licitaciones públicas y las percepciones que estas generan en la ciudadanía.
En el centro de esta tormenta está LC & EC, una empresa fundada en julio de 2023, con un capital inicial de S/50 000, por Esther Condori Cárdenas y su hija, Lucero Coca Condori. En apenas dos años, esta constructora logró adjudicarse dos proyectos clave: la rehabilitación de la vía Trujillo-Huanchaco, por 121.5 millones de soles, firmada el 6 de marzo de 2025, y la modernización del hospital de Virú, por 194.1 millones de soles, suscrita el 11 de junio del mismo año.
Estos contratos, los más cuantiosos del presupuesto regional en 2024 y 2025, han sorprendido por la juventud de Lucero y su falta de experiencia en obras públicas. Sin embargo, para el ingeniero civil y experto en contrataciones, Daniel Marquina, este escenario no es necesariamente irregular.
“Una empresa puede crearse con propiedades de familiares, como tíos o padres, que aporten un respaldo económico sólido. No es raro que una joven de 18 o 23 años represente una compañía si cuenta con un capital significativo, como tres o cuatro millones de soles en activos», explica para los lectores de BuenaPepa.
También apunta al contexto político: «Lo que pasa es que, en este caso, el contexto político de Acuña, con aspiraciones presidenciales, hace que se busque desprestigiarlo resaltando solo lo que llama la atención”.
El especialista señala que LC & EC no actúa sola, sino como parte de consorcios: el Consorcio Vías Huanchaco y el Consorcio Hospital Virú, integrados por empresas con mayor trayectoria, como Marquisa Contratistas Generales, Riva Inmobiliaria y JM Constructores Peruanos.
“Los consorcios se crean específicamente para licitaciones grandes, dividiendo responsabilidades. El Estado evalúa la capacidad económica del consorcio, no de cada empresa individual. Si el consorcio tiene solvencia y deja garantías, no hay problema legal”, añade Marquina.
Un ejemplo concreto es el valor de los activos de LC & EC: según “Panorama”, la empresa posee una camioneta Ford Explorer valorizada en aproximadamente S/800 000, un activo que, junto con otros posibles aportes familiares, pudo haber fortalecido su posición en el consorcio. “Con un respaldo así, no es descabellado que participen en proyectos de millones”, sostiene el experto.
Dudas por aclarar
Sin embargo, no todo es tan claro. Un hecho que ha avivado las sospechas de corrupción es la visita de Juan Coca Rojas, padre de Lucero, al despacho de César Acuña, el 8 de marzo de 2024, dos días después de la firma del contrato de la vía Trujillo-Huanchaco.
Aunque un registro oficial confirma este encuentro, Martín Namay Valderrama, gerente general del Gobierno Regional, lo niega. Asegura que Acuña comenzó su agenda ese día al mediodía y que Coca Rojas solo acompañó a un representante de otra empresa, sin precisar detalles. Esta contradicción, sumada a las denuncias penales contra Lucero (por estafa, desde julio de 2025) y su padre (por extorsión, desde 2012), ha generado escepticismo.
Namay minimizó estos antecedentes, argumentando que no son requisitos para adjudicar contratos, y defendió la participación de LC & EC por su integración en consorcios con empresas experimentadas. Pero para muchos ciudadanos, estas explicaciones no bastan. La percepción de que algo no encaja persiste, alimentada por detalles como la adjudicación de la vía Trujillo-Huanchaco, donde LC & EC ganó por una diferencia de apenas 39 soles frente a su competidor.
La intervención de la Quinta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, liderada por el fiscal Víctor Bazán Alagón, el 31 de julio de 2025, refleja la seriedad del caso. El equipo fiscal ingresó al Gobierno Regional para recolectar documentos sobre estas adjudicaciones, con el objetivo de esclarecer si hubo favoritismo o irregularidades.
Mientras tanto, Namay insiste en que las obras avanzan según lo previsto y destaca el ahorro del 10 % en el proyecto de la vía Trujillo-Huanchaco; la ausencia de causales para anular los contratos. Sin embargo, la coincidencia de dos miembros del comité de adjudicación (Walter Zevallos Apolitano y Arturo Giles Mendoza) en ambos procesos ha añadido más preguntas a un caso que ya divide opiniones.
El líder de Alianza Para el Progreso, consciente de que pierde confianza y que eso afecto a sus aspiraciones presidenciales, muere en su ley y pregona inocencia. Pese a que las evidencias que sustentan la mediatez del caso, pide a Panorama que se rectifique. El dominical respondió que no lo hará.
Para Daniel Marquina, el escándalo podría ser más un reflejo de la polarización política que de una ilegalidad flagrante. “Si investigas, probablemente encuentres que todo está dentro de la ley. Los consorcios son comunes, y el Estado prioriza la solvencia económica. Pero cuando se mezcla con la política, como el caso de Acuña, se magnifica».
«La gente ve una empresa nueva, una dueña joven, y asume lo peor, sin entender cómo funcionan estas licitaciones”, reflexiona. Aun así, reconoce que la transparencia es clave: “El Gobierno Regional debería explicar mejor cómo se evaluaron estos consorcios y por qué LC & EC, con tan poca trayectoria, fue parte de ellos”.
Esta historia no es solo de números o contratos; es de sueños y desconfianzas. Para los habitantes de La Libertad, que esperan mejores carreteras y hospitales, cada sol invertido debe traducirse en progreso tangible.
La justicia tiene ahora la tarea de despejar las dudas, mientras el Gobierno Regional enfrenta el desafío de recuperar la confianza de una ciudadanía que observa con atención. Como dice Marquina, “al final, lo que importa es que las obras se hagan bien y que el dinero de todos se use con responsabilidad”.
Por: Lucero Pérez Portales.
