Este lunes 17 de noviembre el Congreso volverá a poner sobre la mesa una pregunta que ya parece disco rayado: ¿ampliar o no el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo)? Y aunque suene a trámite burocrático, lo que está en juego no es solo un sistema en decadencia, sino la posibilidad de que el crimen organizado siga encontrando en este registro un pase libre para operar sin control.
Para Karina Garay, vocera del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), el asunto no admite medias tintas. «El Reinfo debe cerrarse», sentencia. Su argumento es simple y contundente: después de más de una década, el registro no ha cumplido su objetivo y hoy funciona como un escudo para operaciones ilegales que han aprendido a disfrazarse de «informales en proceso» mientras destruyen bosques, contaminan ríos y alimentan redes criminales.
Reinfo: un registro diseñado para ordenar que terminó desordenándolo todo
El Reinfo nació como la tabla de salvación para miles de pequeños mineros. Sobre el papel, prometía llevarlos a la formalidad. En la práctica, terminó siendo una plataforma que cualquiera —incluyendo operadores ilegales— puede usar para evitar intervenciones policiales o fiscales.
Las cifras hablan por sí solas: 87 111 personas inscritas, solo 2 181 formalizadas (2,6 %) y 65 101 suspendidas por incumplir requisitos.
Pese a ello, miles siguen operando como si nada, amparados por un código que les permite justificar que «están en proceso de formalización». Esta excusa se ha convertido en el salvoconducto perfecto para intervenir ríos amazónicos, abrir trochas en territorios frágiles o perforar zonas arqueológicas tan sensibles como las de Nasca.
La Comisión de Energía y Minas del Congreso debatirá si aprueba una nueva ampliación —la quinta en diez años— que extendería el registro hasta 2027. El proyecto, impulsado por el congresista Roberto Sánchez, incluso plantea reincorporar a 50 mil mineros excluidos por incumplir las reglas durante más de un año.
Mientras los defensores del Reinfo aseguran que es «una nueva ventana para formalizar», especialistas como Garay advierten que insistir en este mecanismo es como tapar un hueco con otro hueco. «El sistema no solo ha fallado, se ha desvirtuado por completo», afirma.
Prueba de ello es un mercado subterráneo que ya funciona a vista y paciencia de todos: la venta de cupos del Reinfo en redes sociales. Sí, códigos de registro ofrecidos como si fueran entradas para un concierto.
El rastro que lleva del oro al crimen organizado
Tener un código del Reinfo les facilita algo que nunca deberían tener: acceso a insumos fiscalizados. Es decir, herramientas que deberían estar reservadas para mineros formales, pero que acaban fortaleciendo a organizaciones criminales.
La Unidad de Inteligencia Financiera aporta otro dato preocupante: entre 2015 y 2024 se registraron más de 5 700 operaciones sospechosas vinculadas a minería ilegal, moviendo cerca de 22 800 millones de dólares.
Una cifra lo suficientemente grande como para financiar maquinaria, contrabando o campañas políticas. «Y no vaya a ser que estén financiando a futuros senadores y diputados justamente para que los favorezcan con esta ley», dijo Garay sin rodeos.
La evidencia recogida por la FEMA, el Sernanp y diversas organizaciones ambientales demuestra que el Reinfo no ordena, no formaliza, no controla.
Solo legaliza lo ilegal, legitima actividades extractivas en zonas donde nunca deberían operar y deja un tendal de daños: ríos convertidos en veneno, bosques devastados, comunidades indígenas arrinconadas y patrimonio arqueológico en permanente riesgo.
Y ahora, otra vez, el Congreso de la República tiene en sus manos la decisión de mantener con vida un sistema que ya demostró que no funciona o cerrarlo de una vez para empezar a construir algo que realmente sirva.
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