El 21 de febrero de 2025, Trujillo descubrió que el progreso era de cartón prensado y drywall. El colapso del techo del Real Plaza no fue un evento fortuito, sino el resultado de una aritmética criminal, donde el ‘ahorro’ en mantenimiento se pagó con vidas humanas.
A un año de la tragedia que provocó seis fallecidos y más de 180 heridos, el silencio en el centro comercial es el grito más fuerte de una impunidad que camina en terno y corbata bien campante y con notable desparpajo. ¿Por qué será?
Cuando una estructura de ese tamaño colapsa en un espacio de supuesta formalidad, no suele haber un solo culpable. Estamos ante una cadena de eslabones rotos: diseño, ejecución, mantenimiento, inspección y fiscalización. Si uno de estos puntos cede, el sistema entero se viene abajo.
La empresa se limitó exclusivamente a tareas de limpieza y pintura. Es decir, mientras la estructura crujía, ellos se preocupaban de que las paredes estuvieran blancas para pasar piola. Pura facha por fuera y escaso fondo por dentro.
Y cuando el sistema falla, no nos enfrentamos a un villano de caricatura, sino a una combinación letal de negligencia empresarial, burocracia ciega y una absoluta falta de control efectivo.
La aritmética del descaro: multas que son ‘propina’
Si queremos entender la magnitud de la terrible desfachatez, hay que mirar la Resolución Final 0115-2026 de la Oficina Regional del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) La Libertad
Hace apenas unos días, el ente regulador le impuso al grupo empresarial una multa global que supera los 10.6 millones de soles. Para el ciudadano de a pie, esa cifra es inalcanzable; para un gigante como Intercorp, propietario de la franquicia Real Plaza, es apenas una bicoca, una multa de tránsito en su balance anual.
Indecopi ha sido claro: estos ‘responsables empresarios’ operaron casi una década con una estructura negligente: usaron materiales distintos a los aprobados en el diseño original.
El dato que raya en lo grotesco es que, según la resolución, en esos nueve años, la empresa se limitó exclusivamente a tareas de limpieza y pintura. Es decir, mientras la estructura crujía, ellos se preocupaban de que las paredes estuvieran blancas para pasar piola. Pura facha por fuera y escaso fondo por dentro.
Da la sensación que, para el Real Plaza, la seguridad de los trujillanos se solucionaba con un brochazo de barniz; nos vendieron la ilusión de un palacio mientras nos sentaban en una trampa mortal fabricada con materiales de segunda.
Recordamos con intensas náuseas la entrevista de Misael Shimizu, gerente general de la cadena, en Punto Final de Latina, días después de la tragedia. Ante una Mónica Delta que exigía humanidad y un mea culpa, Shimizu, de argumentos tan precarios y que ofendieron la inteligencia humana, soltó una frase que debería tallarse en el monumento a la conchudez: «Hemos cumplido con absolutamente todos los estándares que nosotros mismos nos definimos». Claro, por eso se vino abajo el techo.
Una respuesta propia de quien está subyugado a los intereses de sus patrones y no arraigado a la humildad de un hombre capaz de reconocer, aunque sea parcialmente, sus errores. Es la soberbia del que se cree juez y parte; es como si el lobo diseñara el cerrojo del corral y luego se asombrara de que las ovejas desaparezcan.
Leer más: Real Plaza Trujillo, 4 meses después: una mujer y sus 2 hijas viven ‘atrapadas’ en los escombros
El lobby de Shimizu es el que hoy intenta impugnar la multa. Para ello, alega una supuesta ‘falta de sustento’, como si los cuerpos del suboficial Jhon Percy Chávez Valeriano, su esposa Daniela de la Cruz Ramos y su pequeña hija de dos años, junto a los de José Santa María Jara Arroyo, Yekill Iparraguirre Palomino y Harumi Carbajal Velásquez, no fueran sustento suficiente para cualquier conciencia medianamente humana.
Intentar borrar la responsabilidad técnica frente a los ataúdes de seis trujillanos es un ejercicio de cinismo jurídico; un discurso tan nauseabundo como el de una diarrea crónica que pretende limpiar con papeles lo que la negligencia manchó con sangre.
La complicidad municipal: cifras que matan
Pero el empresariado angurriento y miserable no actúa solo; necesita una comparsa de autoridades lustrabotas. La verdad está en las propias cifras que la gestión del alcalde Mario Reyna intenta maquillar bajo un discurso de ‘mano dura’.
Según los registros oficiales de la Municipalidad Provincial de Trujillo, el presupuesto destinado a la labor fiscalizadora ha sido históricamente maltratado por la ineficiencia. En el 2024, de los más de 1.2 millones de soles disponibles, solo se ejecutó un escuálido 28 %.
Y si alguien esperaba que la tragedia del Real Plaza sirviera de escarmiento, se equivocó; al cierre de julio de 2025, la ejecución apenas rozaba el 39 %, es decir, ni la mitad de lo planificado.
Para que se entienda en buen cristiano y sin tanto término técnico: es como si en una casa donde el techo se está hundiendo, el padre tiene 100 soles guardados en el cajón exclusivamente para llamar al albañil; pero solo decide gastar 39 soles. Los otros 61 soles se quedan ahí, chapando polvo, mientras su familia duerme con el miedo de que todo se les venga encima.
La denuncia penal que Reyna interpuso contra los directivos del Real Plaza por homicidio culposo tiene un terrible tufo a estrategia de supervivencia: un ‘golpe preventivo’ para figurar como acusador y no como el acusado.
Reyna prefiere pelearse con los regidores por el ‘plan de gasto’ antes que enviar a los fiscalizadores a la calle. Quiere hacerse el héroe al denunciar penalmente a la empresa, pero sus propias cifras revelan que, bajo su mando, la fiscalización es un recurso que se queda en el banco y nunca llega a la infraestructura que nos protege.
Ah, pero para gastar S/ 250 000 en la fiesta por el 205 aniversario de la independencia de Trujillo, ahí sí, siempre primeros; para el show y los piquitos con animadores de cumbia hay siempre un denodado esfuerzo.
Incluso la denuncia penal que Reyna interpuso contra los directivos del Real Plaza por homicidio culposo tiene un terrible tufo a estrategia de supervivencia: un ‘golpe preventivo’ para figurar como acusador y no como el acusado. Es el viejo truco del que grita ‘¡al ladrón!’ para que nadie se fije que él dejó la puerta abierta.
Blindaje político: de fiscalizadores a ‘masajistas’ del capital
Aunque la soberbia no termina ahí. Si bien la empresa ejerce su legítimo derecho a la defensa y ya adelantó que apelará la sanción —buscando en los pasillos judiciales lo que el peritaje técnico les negó en la realidad—, resulta contradictorio que en el mismo aliento aseguren que «siguen colaborando con las investigaciones».
Es el equilibrismo clásico de quien intenta quedar bien con Dios y con el diablo: dicen colaborar con la justicia mientras su defensa legal redacta el recurso para desconocer los hallazgos de Indecopi.
En el Real Plaza, la colaboración se entiende apenas como un trámite de imagen mientras la memoria de Trujillo intenta sanar. No es momento de pedir perdón, es momento de llamar a los abogados.
Para colmo, el blindaje no termina en los estudios de abogados; se extiende hasta las curules de nuestro tan ‘prestigioso’ Congreso, donde la empatía parece ser un recurso más escaso que el presupuesto de fiscalización.
Resulta curioso recordar que, en diciembre de 2023, cuando las deficiencias de seguridad en los grandes centros comerciales de Trujillo saltaron a la agenda pública —en medio de una gestión municipal tan ruidosa como cuestionable—, la respuesta de nuestra representación parlamentaria no fue técnica, sino política.
Se podrá cuestionar, y con razón, la arbitrariedad de aquellas clausuras que el entonces alcalde usó como un caballito de batalla mediático; pero lo que es innegable es que la reacción de ciertos ‘padres de la patria’ fue la de un guardaespaldas corporativo.
Congresistas, como el trujillano Diego Bazán, salieron en su momento a calificar cualquier intento de fiscalización de «abusivo e ilegal» —excusándose luego en que su defensa era para el Mall Aventura y no para el Real Plaza—, actuando, en la práctica, más como sobones, lobistas y masajistas del capital que como representantes de sus paisanos.
Bazán, siempre hábil para acomodar el discurso según sople el viento del patrón, usó la torpeza administrativa de la municipalidad como la coartada perfecta para blindar a la empresa.
Es su especialidad: el amague político. Ya lo vimos en mayo de 2025, cuando salió ante cámaras a rasgarse las vestiduras por el viaje de Dina Boluarte al Vaticano calificándolo de inoportuno, para luego, en el silencio del hemiciclo, terminar votando a favor de la autorización. Como buen oportunista, hizo ‘la del agua’: se adaptó a la forma del recipiente que lo contenía en ese momento.
Así se maneja el genuflexo de la política: en medios es un león fiscalizador, pero en el acta de votación es un gatito de alfombra que siempre termina aceitando los engranajes del poder.
Da igual a qué establecimiento se refiera Bazán en su defensa; ambos locales fueron blanco de cierres arbitrarios y pretender que defender la desidia en uno es distinto a defenderla en el otro es, sencillamente, el mismo perro con distinto collar.
El Real Plaza no solo colapsó por materiales de segunda; colapsó porque tiene cimientos políticos de segunda y diseñados para que el negocio nunca se detenga, ni siquiera ante el riesgo inminente de muerte.
Es un discurso que atropella el intelecto y nos quiere ver la cara de tarados: usar el reclamo de los trabajadores como escudo para presionar por aperturas sin exigir antes una fiscalización técnica real es el colmo del cinismo.
Mientras Bazán aplicaba la del ‘tibio’ absteniéndose de votar por la Ley 31914 (ley de clausura de establecimientos), sus aliados como Alejandro Cavero la empujaban con fuerza; una norma que impulsó la ‘subsanación automática’, un truco legal que obliga a la municipalidad a reabrir un local en solo 48 horas, sino llegan a inspeccionarlo a tiempo. Básicamente, le dejaron la mesa servida al poderoso y la puerta abierta a la muerte.
A esto se sumó el proyecto de Ley 9788/2024 que establece la vigencia indeterminada del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) de la parlamentaria Adriana Tudela, que pretendía que los certificados de seguridad fueran para siempre, bajo la ilusión de que los inspectores irían de oficio por iniciativa propia.
Pero esa fe de escritorio no cuadra con una realidad popular donde la Municipalidad de Trujillo no gasta ni la mitad de su presupuesto en fiscalizar. Proponer seguridad eterna en un país que no vigila es, sencillamente, legislar desde una burbuja o legislar en favor de sus intereses. Característica clásica de la mayoría de nuestros congresistas que viven desconectados de la realidad.
Al final, se tuvo que caer el techo y morir seis personas para que Tudela, en un papelón histórico, retirara su propuesta el 24 de febrero de 2025 tras admitir que «el sistema no funciona». ¿Acaso no mapeó eso antes de su propuesta? ¿Qué clase de congresistas tenemos que necesitan ataúdes para entender cómo funciona su propio país?
Fue el Colegio de Ingenieros del Perú quien ya había advertido que ampliar la vigencia de los certificados de seguridad era una temeridad, pero para Bazán y compañía, el bienestar del poderoso siempre pesó más que la vida del trujillano de a pie.
El Real Plaza no solo colapsó por materiales de segunda; colapsó porque tiene cimientos políticos de segunda y diseñados para que el negocio nunca se detenga, ni siquiera ante el riesgo inminente de muerte.
Entre abstenciones cobardes y leyes que regalan confianza ciega al poderoso, estos ‘dignos’ representantes del Parlamento estaban construyendo, ladrillo a ladrillo, el escenario para este tipo de tragedias.
Aquí nadie se alucina que Carlos Rodríguez-Pastor, líder de Intercorp, va a terminar en El Milagro. En el Perú, la cárcel tiene una puerta giratoria para el que tiene billetera, mientras que para el ciudadano común el sistema es una trituradora que no perdona.
Es la estampa de la clase política cachafaz, fantoche y angurrienta: esa que hoy, digna de un figureti de medio pelo, pone cara de velorio y pide justicia, pero que ayer aceitaba los engranajes legislativos para que empresas operaran bajo una lógica de ‘autorregulación’ criminal. Moral como oferta de McDonald’s: en combo doble.
Bajo la visión del politólogo peruano Alberto Vergara, en sus análisis sobre el poder, en el Perú el ejercicio de la autoridad es una suma de intereses particulares sin un Estado que los domestique. Basados en esa lógica, la apelación de Real Plaza no es un derecho legal, es el sistema mismo funcionando para los que tienen el poder de lobby.
El mercado de lágrimas: silencios con código de barras
Zygmunt Bauman advierte que los seres humanos han sido transformados en productos desechables. Cuando ese ‘producto’ sufre un daño estructural, el sistema no busca justicia; sino, eliminar el residuo del balance financiero. Eso es lo que han hecho en Trujillo: tratar a las víctimas como un pasivo contable que se intenta clausurar con acuerdos de confidencialidad y cheques a puerta cerrada.
La estrategia del silencio tiene un diseño quirúrgico. Según reveló el semanario Hildebrandt en sus trece, desde abril del 2025, el despacho fiscal recibió cincuenta cartas idénticas, con la misma estructura y el mismo molde legal, en las cuales, las víctimas renunciaban a participar en la investigación penal.
No fue una coincidencia, fue una ‘clonación’ de documentos orquestada por la defensa técnica del Real Plaza para descabezar el caso. El cinismo llega al extremo de que la empresa mantiene estos acuerdos bajo siete llaves, negándole, incluso, a los propios agraviados una copia de lo que firmaron.
Esto fortalece el argumento del penalista Andy Carrión: sin víctimas que exijan justicia, el proceso se debilita. Pero no nos engañemos: comprar el silencio de un herido no borra la negligencia criminal.
Si la fiscalía permite que una tragedia de seis muertos se resuelva con un talonario de cheques, estará sentando el precedente de que en el Perú el derecho a la vida tiene un precio de liquidación en el patio de comidas.
No faltará el sobón de turno que pregunte: «¿Pero qué más quieren si ya les soltaron el billete?». La respuesta es corta: la justicia no es una bodega donde compras el perdón.
Seamos realistas, aquí nadie se alucina que Carlos Rodríguez-Pastor, líder de Intercorp, va a terminar en El Milagro. En el Perú, la cárcel tiene una puerta giratoria para el que tiene billetera, mientras que para el ciudadano común el sistema es una trituradora que no perdona.
El sistema ha tenido éxito: ha logrado que la indignación se diluya en el mismo momento en que se firma el acuerdo, dejando a Trujillo con seis muertos menos en la fiscalía y un par de ceros más en los bolsillos del silencio. Triste pero cierto.
Este es un capítulo repetido: pasó con los chicos electrocutados en McDonald’s de Pueblo Libre (2019) y con la tragedia de la discoteca Utopía (2002), donde el billete y los años terminaron por licuar la indignación.
Según el rigor legal que portales como Pasión por el Derecho exponen, la fiscalía debería estar persiguiendo un clarísimo homicidio culposo; una figura penal, en el cual la cadena de mando —desde el gerente que aprobó el ahorro en materiales hasta el funcionario que firmó la inspección con los ojos cerrados— debería responder con su libertad.
Pero aquí la soga siempre se rompe por el lado más flaco, y mientras el grupo Intercorp pretende que el luto de Trujillo tiene ‘precio de liquidación’, la justicia nos demuestra que, si tienes el respaldo de una millonaria franquicia, la muerte es solo un trámite que se resuelve con la firma del patrón en el último cheque.
El trago amargo final
Habrá quienes se pregunten, desde la comodidad de la crítica, cómo se puede canjear la vida de un hijo por un fajo de billetes. La respuesta es un trago amargo: en un país donde la justicia es un artículo de lujo y los juicios penales son laberintos infinitos, el cheque se convierte para unos en un salvavidas de supervivencia y, para otros, en la salida pragmática que permite archivar el luto en una cuenta bancaria.
Seamos honestos; la billetera del poderoso no solo compra medicinas, también compra silencios voluntarios. La verdadera tragedia es que el Real Plaza ha logrado instalar un mercado de lágrimas donde el dolor es una variable negociable.
Al final del día, el sistema ha tenido éxito: ha logrado que la indignación se diluya en el mismo momento en que se firma el acuerdo, dejando a Trujillo con seis muertos menos en la fiscalía y un par de ceros más en los bolsillos del silencio. Triste pero cierto.
A un año de la tragedia, el Real Plaza Trujillo sigue cerrado, pero el techo de la impunidad sigue intacto. El peligro en esta ciudad no solo es el crimen organizado; el peligro también es una clase empresarial angurrienta y una casta política que se vende por la migaja que cae de la mesa del poderoso.
El techo sigue cayendo, y seguirá cayendo mientras permitamos que nos continúen vendiendo cartón por concreto. El 21 de febrero no es una fecha para el olvido, es el recordatorio de que en Trujillo la justicia aún vive —o muere— bajo los escombros de la desidia
