En la actualidad la Constitución ha asumido un real y merecido protagonismo no sólo en el ámbito jurídico, sino, también en el ámbito político, generalmente como fundamento de discursos populistas y vacíos de contenido auténtico, veraz y concreto, pero que es utilizado para encandilar y exacerbar los ánimos de la ciudadanía en cada proceso electoral, o es el chivo expiatorio de la clase gobernante cuando sus planes políticos no se condicen con lo regulado en la Constitución y ven frustradas su expectativas, o, finalmente, cuando hay que resolver un conflicto entre poderes del Estado y establecer su real organización y equilibrio para una convivencia democrática.
Pero, a pesar de las innumerables veces en que se ha nombrado a la Constitución, en nuestro caso, la Constitución de 1993, no se tiene un concepto claro de qué es la Constitución y cuál es su finalidad y/o sus prerrogativas.
La Constitución: qué es
Cargar sobre las espaldas de nuestra Constitución la responsabilidad de todos los problemas de nuestra sociedad y creer que, con cambiarla parcial o totalmente, guiados más por creencias ideológicas que por razones jurídicas o políticas reales, estos problemas desaparecerán o mejorará nuestra realidad es, como dijo el maestro Domingo García Belaúnde, un espejismo.
La Constitución no es un libro de recetas mágicas que con solo pronunciarlas el mundo a nuestro alrededor se transforma. Si no existe voluntad política y jurídica para hacer las cosas, cualquier cambio que se realice, sin explicar siquiera cuál es la finalidad que se busca, queda solo en bonitas palabras sin concretizarse en la realidad, sin justicia material, hoy por hoy, no podríamos hablar de una verdadera Constitución dentro del marco de un Estado Constitucional de Derecho.
En 1789, en plena Revolución Francesa, la Asamblea Nacional Constituyente francesa aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El artículo 16 de esta Declaración establece lo siguiente: “Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución”.
Este es el punto de partida de lo que hoy conocemos como un concepto básico de Constitución, creada para frenar el ejercicio autoritario del poder estatal, estableciendo un conjunto de derechos inherentes a la persona humana por ser tal, como el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad ante la Ley, a la educación, etc., conocida como parte dogmática, y otra parte en la cual se establece la organización del Estado en sus diferentes poderes, sus facultades, límites, estructura y responsabilidades.
Sin embargo, este concepto fue evolucionando, principalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, al finalizar la segunda guerra mundial, se tuvo que reevaluar el poder vinculante de la Constitución como texto normativo de derechos inherentes a la persona humana y que debían prevalecer sobre el sistema jurídico de cada nación, rechazándolos cuando la contravengan, hasta llegar a lo que hoy se conoce como Estado Constitucional de Derecho.
Debemos entender a la Constitución como el texto normativo por excelencia dentro de un Estado Constitucional de Derecho; es decir, un Estado en el cual, todo el sistema legal y político; así como, la interpretación de los derechos que se desarrollan allí, se subordinan y, por ende, se adecúan a la Constitución y sus preceptos, donde ya no basta una interpretación meramente normativa de la misma, sino, principalmente valorativa y principista y donde los mandatos constitucionales abarquen todos los ámbitos de nuestra sociedad.
Por eso, la Constitución es un texto normativo supremo, valorativo y principista de aplicación directa, orientador del sistema jurídico, que garantiza la estabilidad del sistema constitucional no solo por su rigidez, sino también, por la justicia material que de ella nace y se expande en todos los ámbitos de nuestra sociedad, teniendo como centro de acción a la Persona Humana y su dignidad como metaprincipio.
Es un pacto de límites al ejercicio del poder para asegurar una esfera de derechos y libertades a los ciudadanos.
Este modo de comprender la Constitución en la actualidad requiere la actuación concreta y eficaz de los defensores de la normatividad de la Constitución, especialmente del Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución y controlador de la constitucionalidad de nuestro sistema jurídico.
No podemos negar que la Constitución de 1993, especialmente desde el año 2003, como diría el Dr. Carlos Hakansson, ha tenido un desarrollo jurisprudencial sin precedentes, lo cual, ha logrado su enriquecimiento y le ha dado una mayor legitimidad, aunque no siempre estemos de acuerdo con sus pronunciamientos, lo cual es saludable en una sociedad libre.
En resumen, esta es la importancia de una Constitución, tanto por su evolución histórica como por su contenido normativo vinculante y superior a cualquier otro precepto legal, controla el poder y garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales de cada ciudadano en cada rincón de nuestro país.
Carlos Talledo Manrique
Abogado constitucionalista
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