En respuesta al alarmante aumento de la inseguridad en Perú, el gobernador de La Libertad y líder de Alianza Para el Progreso (APP) ha presentado un proyecto de reforma constitucional que propone facilitar el levantamiento del secreto bancario y de las telecomunicaciones en investigaciones por delitos graves.
Esta iniciativa se centra en fortalecer las herramientas legales contra actividades delictivas como la extorsión, el sicariato y el tráfico ilícito de drogas , que han generado una creciente preocupación en la ciudadanía.
“No podemos ser testigos pasivos mientras el crimen organizado destruye la tranquilidad de nuestras familias. Este proyecto busca dotar a las autoridades de instrumentos efectivos para enfrentar esta problemática”, declaró el gobernador durante la presentación de la propuesta.
La reforma, que modificaría el artículo 2 de la Constitución, permitiría a las autoridades policiales y fiscales acceder de manera más ágil a información clave en casos vinculados a delitos de alto impacto. De ser aprobado, se espera un golpe significativo a las redes criminales que operan en el país.
Inseguridad bajo la lupa
El contexto actual refleja un incremento preocupante de la violencia en las calles. Los delitos relacionados con el marcaje, reglaje y sicariato posicionan a Perú entre los países más afectados por estas prácticas en la región.
Expertos coinciden en que medidas como esta, aunque polémicas, son necesarias para cerrar brechas legales que limitan la acción de las autoridades.
Con esta propuesta, el gobierno regional de La Libertad busca posicionarse como un actor clave en la lucha contra el crimen organizado, en un esfuerzo por devolver la seguridad a los ciudadanos y recuperar la confianza en las instituciones.
