En nuestro país hemos tenido doce Constituciones que han regido nuestros destinos desde el grito de independencia hasta la actualidad; sin embargo, la realidad social y política nos abruma tan igual como al principio, ergo, el problema no es el texto constitucional y los preceptos que contiene, somos las personas quienes no respetamos las reglas establecidas desde cualquier ámbito y sector al que pertenezcamos.
La Constitución y nuestros derechos
Una Constitución, de manera general, establece los derechos fundamentales de toda persona, la división de poderes, sus funciones y la forma de relacionarse entre ellos; y, en gran medida, el sistema económico que regirá una nación, entre otras generalidades; no prohíbe hacer hospitales e implementarlos adecuadamente, no impide edificar colegios o carreteras, no dispone que nuestros gobernantes se vean inmersos en actos de corrupción, ni que los presupuestos regionales se inviertan en el menor porcentaje posible.
Nuestra actual Constitución establece más derechos fundamentales que la de 1979 y desarrolla mejor algunas instituciones autónomas. Además, nuestro Tribunal Constitucional ha desarrollado y profundizado los derechos que se establecen en nuestra Carta Magna de manera profusa; así como, ha creado nuevos derechos en su labor jurídica positiva, con acuerdos y desacuerdos, no exento de críticas, como corresponde en una sociedad democrática, pero ganándose el respeto institucional tanto interna como externamente.
Sin embargo, esto no significa que el texto constitucional no requiera reformas, es necesario siempre una actualización o modificación, de acuerdo con las experiencias que la vida política y jurídica de nuestro país nos enseñan. Es parte de cualquier creación humana ir perfeccionando su contenido con el transcurso del tiempo, la Constitución es un documento vivo, incompleto e inacabado que pretende regular la vida histórica de una nación y, como tal, sujeta a cambios.
Tres reformas constitucionales
Por ello, celebro la aprobación tres reformas constitucionales cruciales para el mejor desarrollo de nuestra democracia, el equilibrio de poderes y el restablecimiento de nuestra desaparecida clase política: a) regresar a la bicameralidad, para equilibrar el poder presidencial y tener un mejor análisis en la producción legislativa, reforzando la impronta del Parlamento, con lo cual, evitaríamos tanto populismo que sólo busca el aplauso de una tribuna ávida de soluciones inmediatistas; pero que, tarde o temprano, perjudicarán a las próximas generaciones; b) retornar a la reelección parlamentaria, aunque queda pendiente la de autoridades municipales y regionales por un período adicional.
No toda continuidad es negativa y será, finalmente, decisión del electorado votar por ello modificar la forma de elección y número de miembros del Tribunal Constitucional, c) eliminar el voto de confianza para la presentación de un gabinete ministerial, propio de un sistema parlamentario, que no es el nuestro, esto evitaría enfrentamientos innecesarios entre los poderes del Estado, sin suprimir la obligación de la presentación ante el parlamento, como corresponde.
Otras reformas importantes que vienen planteándose son: a) reducir el mandato presidencia de cinco a cuatro años, como en Argentina o Chile, evitando un desgaste innecesario de la figura presidencial; b) eliminar la vacancia del presidente de la república en el último año de su gobierno, para evitar mayores desgobiernos o crisis políticas ad portas de un proceso electoral y equilibrando la balanza con la imposibilidad actual de disolver el parlamento también el último año de gestión; y c) permitir la disolución del parlamento con tres gabinetes censurados y no dos, como es en la actualidad.
Esto permitirá la gobernabilidad de nuestro país, evitando el mal uso de figuras como la vacancia presidencial o la censura ministerial para crear más crisis políticas que sólo conducen al caos, el desgobierno, el descontento popular, crisis económicas y sociales, entre otros,
Por ello, esas sempiternas propuestas populistas de cambio de Constitución que empiezan a retumbar en el espectro electoral próximo, sólo reflejan el total desconocimiento que se tiene sobre nuestra Carta Magna y su función, e implican una actuación demagógica de los candidatos y la población en general.
Cambiarla no va a mejorar el profundo problema sociológico y estructural que nos aqueja y que se ha mostrado en todo su esplendor, en uno de los momentos más difíciles que atraviesa nuestro país y el mundo entero; más aún, cuando se hace de manera ideologizada y sin ningún fundamento jurídico, fáctico ni racional.
Abogado constitucionalista
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