La imagen de los narcoaviones cruzando el cielo sudamericano ya no es sólo recurso de serie policial: es realidad cruda en el mapa de la droga que conecta cultivos clandestinos en Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia hasta terminar en las calles de Estados Unidos. Cada etapa en la ruta está marcada por violencia, corrupción y el pulso feroz del mercado ilegal que mueve miles de millones de dólares al año.
El Perú es uno de los grandes protagonistas de esta cadena global. El Vraem, Ucayali y otras zonas cocaleras producen una cantidad de droga que, aunque fue superada en años recientes por los narcos colombianos, mantiene al país como pivote esencial para los envíos que alimentan la demanda norteamericana.
Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia en el radar de Estados Unidos
Los narcotraficantes peruanos han perfeccionado rutas aéreas y fluviales que, gracias a la complicidad de mafias panamericanas, permiten el traslado rápido y casi invisible de toneladas de cocaína base y clorhidrato.
Según explicó Antoine Vella, investigador de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), en diálogo recogido por la BBC Mundo, Colombia aporta tecnología criminal y una red logística que se extiende de Tumaco a los llanos orientales, acoplándose cada vez más con estructuras ecuatorianas y bolivianas para esquivar controles.
Ecuador, tradicionalmente punto gris, ha cobrado protagonismo en el último lustro: sus puertos y rutas terrestres se han convertido en pasaje obligatorio que permite, según autoridades internacionales, el blanqueo y la exportación camuflada de droga hasta Europa y Norteamérica. Bolivia, entre tanto, sigue siendo plataforma de reorganización, tráfico y distribución que retroalimenta las otras rutas.
Pero es el Perú el que aparece en el centro del mapa y de las tensiones. La coca peruana, procesada y embarcada, llega por tierra y aire a las costas del Pacífico, donde carteles mexicanos han instalado sus propias «embajadas» para coordinar embarques marítimos y triangulaciones comerciales.
Perú entre los países que producen la cocaína que consume el mundo
Según la BBC, el ritmo y la escala de envíos peruanos hacia Centroamérica ha saltado un 22 % en los últimos tres años. «Perú es el gran granero del sur, y su coca se multiplica en los laboratorios clandestinos del norte antes de convertirse en dinero ensangrentado”, destaca la UNODC.
Y es casi toda la cocaína que se distribuye ilegalmente en EE.UU., y también en el resto del mundo, la producen Colombia, Perú y Bolivia.
«La hoja de coca se procesa en laboratorios en esas tres naciones para transformarla en clorhidrato de cocaína, o a veces en un producto intermedio, ya que algunas partes del proceso también pueden ocurrir en una etapa posterior de la cadena de tráfico internacional», explica Antoine Vella, quien dirige la Sección de Datos, Analíticas y Estadística de UNODC.
En el camino, los operativos policiales se quedan cortos ante la sofisticación criminal: pilotos peruanos exmilitares cruzan la Amazonía en avionetas con matrículas falsas, los “prestanombres” en Ecuador lavan fortunas a través de empresas de fachada y los traficantes colombianos corrompen puertos, aeropuertos y la justicia local.
asi toda la cocaína que se distribuye ilegalmente en EE.UU., y también en el resto del mundo, la producen Colombia, Perú y Bolivia.
Por cada kilo incautado, cien logran llegar, según estimaciones de la DEA. La penetración de los carteles mexicanos y brasileños en la región —especialmente el PCC y el Cartel de Sinaloa— ha vuelto más peligrosa y compleja la batalla por la ruta.
En Perú, según sostiene la BBC Mundo, la estructura criminal local ha encontrado socios y clientes en todos los eslabones de la cadena, desde el campesino que cultiva la hoja hasta el financista en Miami que ordena los envíos.
Controles, fronteras y operativos policiales chocan contra muros invisibles de corrupción y violencia organizada. El impacto para las comunidades peruanas es devastador: desplazamientos forzados, asesinatos selectivos y destrucción ambiental.
A medida que la demanda internacional crece y la tecnología criminal se moderniza, la ruta sudamericana de la droga se vuelve eje de disputa entre cárteles, Estado y población civil.
Por cada kilo incautado, cien logran llegar, según estimaciones de la DEA. La penetración de los carteles mexicanos y brasileños en la región —especialmente el PCC y el Cartel de Sinaloa— ha vuelto más peligrosa y compleja la batalla por la ruta.
El Perú no sólo produce, sino que también articula, transforma y reinventa la logística continental del narcotráfico. El reto para las autoridades peruanas es titánico: cortar el flujo, desmontar redes y proteger comunidades antes de que la selva y los valles se conviertan en tierra arrasada por la guerra química y la avaricia global.
Colombia, Ecuador y Bolivia siguen la estela de este negocio, mientras Estados Unidos mantiene la vigilancia por aire, tierra y mar, sin que hasta ahora se logre debilitar el músculo financiero y operativo de los grandes carteles.
El Informe Mundial de Drogas 2025 del UNDOC, reveló que la producción ilegal mundial estimada de cocaína alcanzó un nuevo máximo en 2023, con más de 3.708 toneladas, casi un tercio más (34 %) que en el año anterior.
El mismo estudio alerta sobre el incremento del número de consumidores de cocaína a nivel mundial: se estima que 25 millones de personas consumieron cocaína en el año 2023, frente a 17 millones en 2013. Norteamérica, Europa Occidental y Central y Sudamérica continúan conformando los mayores mercados.
Donald Trump y los ataques a las narcolanchas
Además del papel crucial que juega el Perú en la ruta de la droga hacia Estados Unidos, la BBC reporta que el gobierno estadounidense ha implementado un paquete integral de medidas para contrarrestar el flujo ilegal que amenaza sus fronteras.
Estas acciones combinan modernas técnicas de inteligencia, cooperación internacional y presión diplomática para intentar frenar el envío de miles de toneladas de cocaína que atraviesan América Latina.
Entre las principales estrategias está el fortalecimiento del control aéreo y marítimo en la región. Estados Unidos ha desplegado unidades con tecnología avanzada de radar y vigilancia satelital para detectar y seguir narcoaviones y embarcaciones sospechosas que salen de zonas productoras en Perú y Colombia. Estas acciones son parte de un esfuerzo conjunto con las fuerzas armadas locales y agencias antidrogas que buscan interceptar antes que la droga llegue a Estados Unidos.
El programa Plan Colombia ha evolucionado hacia una cooperación más amplia que incluye a Perú, Ecuador y Bolivia, con entrenamiento, asesoramiento y recursos para mejorar el combate antidrogas. Estados Unidos también ha aumentado la presión sobre sectores claves del narcotráfico mediante sanciones económicas, extinción de dominio y restricciones comerciales dirigidas a los líderes y operadores de las organizaciones criminales.
El Informe Mundial de Drogas 2025 del UNDOC, reveló que la producción ilegal mundial estimada de cocaína alcanzó un nuevo máximo en 2023, con más de 3.708 toneladas, casi un tercio más (34 %) que en el año anterior.
Adicionalmente, la DEA mantiene programas de cooperación con las policías locales para la captura de los grandes capos y la desarticulación de sus redes de transporte, financiamiento y venta. En paralelo, se implementan campañas para reducir la demanda interna estadounidense con prevención y tratamiento de adicciones.
No obstante, las fuentes consultadas recordaron a la BBC que, pese a la sofisticación de estas medidas, el narcotráfico ha demostrado una capacidad de adaptación sorprendente: nuevos vuelos, cambios en las rutas, complicidades locales y una dinámica criminal que ha añadido capas y actores al complejo mapa del delito.
Este proceso de militarización y vigilancia, sin embargo, no está libre de controversias. Organizaciones de derechos humanos y analistas políticos advierten sobre impactos colaterales en las comunidades campesinas, las libertades civiles y la estabilidad política de la región. Por ello, el reto que enfrenta Estados Unidos y los países productores sigue siendo tanto técnico como social y político.
Este esquema de contrarrestar la droga confirma que el futuro lucha contra las drogas en América Latina depende de una alianza que no solo ataque el tráfico sino que impulse desarrollo social y legalidad en las áreas opacas donde hoy germina la coca que llega a los mercados globales.
