Elecciones 2026 en Perú: un riesgo para la democracia en medio de la crisis de seguridad ciudadana

El Perú se aproxima a las Elecciones Generales de 2026 en un contexto sumamente delicado y alarmante: una grave crisis de seguridad ciudadana, el avance del crimen organizado en regiones, y la creciente infiltración de mafias en los gobiernos locales y regionales.

El escenario no solo plantea serias amenazas para la integridad de los comicios, sino también para la estabilidad del Estado de derecho y la seguridad de los ciudadanos. La falta de respuesta efectiva del Gobierno ante estas amenazas refuerza la urgencia de tomar medidas preventivas desde el enfoque de la seguridad ciudadana.

1. Una democracia bajo asedio criminal

Durante los últimos 15 años, el Perú ha sido testigo del crecimiento del crimen organizado en diversas formas: narcotráfico, minería ilegal, tráfico de terrenos, extorsión, y sicariato. Según la Fiscalía de la Nación, más de 226 autoridades electas en las elecciones de 2022 están siendo investigadas por delitos de corrupción y vínculos con organizaciones criminales. Esto indica que las mafias no solo financian campañas, sino que colocan a sus propios representantes en el poder.

Además, regiones como La Libertad, Puno, Ucayali y el Vraem han experimentado un crecimiento exponencial de actividades delictivas que se entrelazan con la política, debilitando el sistema democrático desde adentro.

Un panorama alarmante: cifras que evidencian la corrupción

La magnitud de la corrupción en los gobiernos subnacionales es alarmante:​

2. Crisis de seguridad ciudadana sin control

De acuerdo con el INEI (2023), más del 85 % de peruanos se siente inseguro en sus ciudades. La violencia urbana, el crecimiento del sicariato y las bandas de extorsión afectan tanto a la ciudadanía como a las propias autoridades locales. Esta situación se agrava por la debilidad de las instituciones del Estado y la falta de liderazgo gubernamental para enfrentar el problema con políticas efectivas de seguridad preventiva.

En el último año, varias autoridades municipales han sido asesinadas o amenazadas, y cientos reciben extorsiones sistemáticas por parte de bandas criminales. Este clima de violencia también afecta la participación ciudadana y crea un entorno de miedo que puede ser explotado por mafias en las próximas elecciones.

Alcaldes asesinados en Perú: una amenaza creciente para la seguridad ciudadana y la democracia

En los últimos años, Perú ha experimentado un preocupante aumento en los asesinatos de autoridades locales, especialmente alcaldes, en diversas regiones del país. Estos crímenes, perpetrados en contextos de violencia política, conflictos sociales y presencia de organizaciones criminales, representan una grave amenaza para la seguridad ciudadana y la estabilidad democrática.​

Casos emblemáticos de violencia contra alcaldes

Uno de los casos más impactantes ocurrió en noviembre de 2021, cuando el alcalde de la provincia de La Mar, en Ayacucho, Wilder Manyavilca, y su esposa, Dunia Bustíos, fueron asesinados a tiros mientras se dirigían a inaugurar una obra en el distrito de Santa Rosa. El ataque ocurrió en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), una zona con alta presencia de narcotráfico y remanentes de grupos subversivos.

Perú ha experimentado un preocupante aumento en los asesinatos de autoridades locales, especialmente alcaldes, en diversas regiones del país.

En febrero de 2018, Yuri Eusebio García Orihuela, alcalde del distrito de Oronccoy, también en Ayacucho, fue emboscado y asesinado mientras regresaba de una sesión edil. Los atacantes bloquearon su camino con rocas y le dispararon cuando descendió de su vehículo

Otro caso notable es el de Francisco Ariza, alcalde de Samanco en Áncash, quien en octubre de 2015 fue asesinado junto a su asesor Henry Aldea. Sicarios realizaron al menos 30 disparos al vehículo en el que viajaban y luego incendiaron el auto .

Factores que contribuyen a la violencia contra autoridades locales

Estos asesinatos no son hechos aislados, sino que reflejan una tendencia preocupante en la que autoridades locales se convierten en blancos de violencia debido a diversos factores:​

Implicaciones para la seguridad ciudadana y la democracia

La violencia contra alcaldes y otras autoridades locales tiene consecuencias profundas para la sociedad peruana:​

• Desestabilización de gobiernos locales: El asesinato de un alcalde puede generar vacíos de poder y paralizar la administración local, afectando la prestación de servicios básicos.​
• Intimidación y autocensura: El temor a represalias puede disuadir a otros funcionarios y líderes comunitarios de asumir cargos públicos o de implementar políticas necesarias pero impopulares.​
• Erosión de la confianza en las instituciones: La percepción de que el Estado no puede proteger a sus autoridades mina la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.​

Necesidad de una respuesta integral

Frente a esta situación, es imperativo que el Estado peruano adopte medidas concretas para proteger a sus autoridades locales y fortalecer la seguridad ciudadana:​

• Implementar programas de protección para autoridades en riesgo, especialmente en zonas con alta presencia de economías ilegales.​
• Fortalecer la presencia del Estado en regiones vulnerables, a través de inversiones en infraestructura, educación y salud, que contribuyan a reducir la influencia de grupos criminales.​
• Mejorar la coordinación entre las fuerzas del orden y las autoridades locales, para identificar y neutralizar amenazas de manera oportuna.​
• Promover la participación ciudadana y el control social, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.​

La protección de las autoridades locales es fundamental para garantizar la gobernabilidad y el desarrollo en las regiones del Perú. Solo mediante una respuesta integral y coordinada se podrá enfrentar esta amenaza y fortalecer la democracia en el país.

3. El caso de América Latina: una advertencia que Perú no debe ignorar

Países como México, Ecuador y Brasil ya han vivido el costo de permitir que el crimen organizado penetre la política. En México, más de 30 candidatos fueron asesinados en las elecciones de 2021. En Ecuador, el crimen organizado cobró la vida del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023. En Brasil, el narcotráfico mantiene vínculos con gobiernos locales en favelas y zonas rurales.

Estas experiencias deben servir de alerta para el Perú. Las mafias no solo financian campañas, sino que extorsionan, amenazan o asesinan a quienes se oponen a sus intereses, y corrompen funcionarios para operar con impunidad.

4. Elecciones 2026: una oportunidad o una trampa mortal

De cara al proceso electoral de 2026, el Estado peruano tiene dos caminos: blindar la democracia con políticas de seguridad ciudadana preventiva o permitir que el crimen organizado convierta el proceso en una parodia de democracia. Las señales son claras: si no se fortalece la inteligencia policial, el control del financiamiento electoral y la depuración de candidatos con antecedentes, las mafias se apoderarán de las instituciones.

5. Propuestas desde la seguridad ciudadana preventiva

Para enfrentar esta amenaza, se proponen acciones urgentes:

• Depuración y control estricto de candidatos con antecedentes penales o nexos con mafias.
• Supervisión efectiva del financiamiento electoral desde la ONPE y el Ministerio Público.
• Protección a candidatos, periodistas y autoridades amenazadas en zonas de riesgo.
• Refuerzo de la inteligencia policial y articulación con la fiscalía y UIF para identificar redes delictivas.
• Educación ciudadana y fortalecimiento de la participación comunitaria para detectar casos de infiltración.

Perú no puede ingresar a las elecciones de 2026 sin haber enfrentado de forma decidida su crisis de seguridad. Permitir que las mafias y el crimen organizado participen en la política es una amenaza directa a la democracia, la institucionalidad y la vida de los ciudadanos. La seguridad ciudadana preventiva no es una opción, es una necesidad urgente si se quiere proteger al país del colapso institucional.

6. Cuando el crimen organizado se infiltra en la política: la amenaza latente para las elecciones de 2026 en Perú

Con las elecciones generales programadas para 2026, Perú enfrenta una creciente y alarmante amenaza: la participación directa o indirecta del crimen organizado y mafias en los procesos electorales. Esta infiltración no solo compromete la integridad democrática, sino que pone en riesgo la seguridad de candidatos, autoridades, periodistas y ciudadanos. El fenómeno, que ya ha cobrado víctimas en países como México, Brasil y Ecuador, comienza a replicarse en territorio peruano.

Dinero sucio en campaña: la nueva cara del financiamiento electoral

En las últimas campañas electorales peruanas, diversas organizaciones criminales han encontrado un espacio fértil para blanquear dinero, financiar candidatos afines o cooptar futuros funcionarios mediante sobornos o amenazas. Según informes de la Fiscalía de la Nación y de la Procuraduría Anticorrupción, en las elecciones regionales y municipales de 2022, al menos 226 autoridades electas ya eran investigadas por corrupción y presuntos vínculos con mafias dedicadas a la minería ilegal, narcotráfico, trata de personas y construcción civil.

En palabras del analista político José Carlos Requena:
«En muchas regiones, los candidatos no solo buscan votos, sino también el respaldo de grupos ilegales que pueden aportar logística, dinero y hasta protección a cambio de impunidad o favores desde el Estado.»

Amenazas, extorsiones y asesinatos: el patrón del crimen organizado en América Latina

En países como México, la violencia electoral ha alcanzado niveles dramáticos. En las elecciones de 2021, más de 30 candidatos fueron asesinados en plena campaña, según datos de Etellekt Consultores. En Ecuador, en 2023, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros, un hecho que marcó un antes y un después en la política del país.

En Brasil, aunque el fenómeno se presenta de forma más estructurada, el crimen organizado ha logrado cooptar redes de poder en favelas, municipios pequeños y zonas rurales. En muchos casos, los candidatos electos responden a intereses del narcotráfico o del contrabando de armas y madera.

¿Y en Perú? Un mapa de riesgo creciente

Las regiones más vulnerables del Perú —como La Libertad, Madre de Dios, Puno, Ucayali, Huánuco y el VRAEM— ya muestran señales claras de infiltración criminal en la política. La expansión del narcotráfico, la minería ilegal, el sicariato y el tráfico de terrenos no solo ha dejado víctimas, sino también una preocupante penetración en campañas políticas.

En 2023, el alcalde de Pataz (La Libertad) denunció amenazas de muerte tras enfrentarse a mafias mineras ilegales. En zonas del VRAEM, varios candidatos regionales han sido señalados por sus vínculos con clanes familiares del narcotráfico, algunos de los cuales incluso postulan al Congreso o alcaldías como una vía para obtener inmunidad y acceso a contratos del Estado.

Candidatos en la mira (o al servicio del crimen)

Un estudio del Instituto de Defensa Legal (IDL) advirtió que en el proceso electoral de 2022 se identificaron al menos 36 candidatos con antecedentes penales por narcotráfico, lavado de activos o corrupción. Muchos de ellos ganaron en distritos clave de la sierra y la selva.
«Si no se adoptan medidas urgentes, el 2026 podríamos tener a representantes del crimen organizado sentados en el Congreso o liderando regiones estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal», advirtió el penalista Luis Lamas Puccio.

Propuestas y prevención: ¿es posible blindar la democracia?

Frente a este panorama, diversos expertos y entidades han propuesto reformas urgentes:

• Reforma del financiamiento de campañas, con mayor control de ingresos y sanciones ejemplares.
• Revisión de antecedentes penales y judiciales obligatoria para todos los candidatos.
• Fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para detectar movimientos sospechosos.
• Protección especial para candidatos amenazados, periodistas y autoridades en zonas de riesgo.

Elecciones bajo amenaza

El Perú se encuentra en una encrucijada. Las elecciones de 2026 no solo determinarán el futuro político del país, sino que definirán si el Estado puede resistir o ceder ante el avance del crimen organizado. Si no se actúa con firmeza, el riesgo es que la democracia termine siendo una fachada bajo control de mafias, sicarios y poderes ilegales que buscan convertir la política en su nuevo campo de batalla.

Finalmente, si esta tendencia continúa, la democracia, no sólo en Perú sino en toda la región, corre el riesgo de ser debilitada por el miedo, la corrupción y la violencia, lo que hace urgente una mayor regulación, protección a candidatos y una estrategia integral para combatir la criminalidad organizada.

Por César Ortiz Anderson

Presidente de APROSEC

www.aprosec.org

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