La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha tomado una decisión histórica al destituir unánimemente a Patricia Benavides Vargas del cargo de Fiscal Suprema y, por lo tanto, como Fiscal de la Nación.
Este movimiento, sin precedentes en los últimos años, ha enviado una fuerte señal sobre la necesidad de limpiar las filas del sistema judicial peruano.
Benavides Vargas, quien había ocupado el cargo de máxima autoridad del Ministerio Público desde julio del 2022, se ha visto envuelta en una serie de escándalos que han socavado la credibilidad y la confianza pública en la Fiscalía.
Los cinco miembros de la JNJ, Antonio de la Haza Barrantes (presidente), Imelda Tumialán Pinto, María Zavala Valladares (magistrada ponente), Marco Tulio Falconi Picardo y Guillermo Thornberry Villarán, votaron a favor del informe que propuso la destitución de Benavides Vargas.
Los motivos de la destitución de Patricia Benavides
La decisión de la JNJ se basa en tres principales acusaciones: la interferencia en la investigación contra su propia hermana, la jueza Enma Benavides Vargas; la separación sin justificación de la fiscal Bersabeth Revilla Corrales; y la designación de Miguel Vegas Vaccaro como fiscal adjunto supremo provisional, a pesar de las sanciones disciplinarias en su contra.
En paralelo al proceso de la JNJ, las investigaciones en las cuales está involucrada Patricia Benavides como Fiscal de la Nación van mucho más allá de los casos inicialmente mencionados.
La exfiscal suprema se encuentra inmersa en una telaraña de escándalos que han puesto en tela de juicio la integridad de todo el sistema de justicia peruano.
Benavides y sus tratos con congresistas
Estos casos son investigados por Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción (EFICCOP), quien apoyado por la División de Investigaciones de Alta Complejidad de la Policía (Diviac), llegó a la conclusión de la existencia de una presunta organización criminal liderada por Patricia Benavides Vargas.
El supuesto grupo ilegal, además, estaría integrada por sus tres asesores de confianza: Jaime Villanueva Barreto, Miguel Girao Isidro y Abel Hurtado Espinoza.
Los investigadores reunieron pruebas suficientes para sostener que Benavides negoció con congresistas la elección de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo. Además, de la inhabilitación de la exfiscal de la nación Zoraida Ávalos y el intento de remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia.
Todas estas acciones apuntaban a mantener a Benavides en el cargo de fiscal de la nación, a cambio, ella se comprometía a archivar sus investigaciones fiscales contra los legisladores.
En este proceso, a la fiscal Benavides se le conocía con el apelativo de Vane.
La destitución de Patricia Benavides Vargas es, sin duda, un momento crucial en la lucha por la integridad y la transparencia del sistema de justicia peruano.
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Sin embargo, es solo el comienzo de un largo camino por recorrer. Se espera que esta decisión inspire un mayor compromiso de las autoridades y la ciudadanía para garantizar que la justicia esté al servicio de todos los peruanos, sin excepciones.
JNJ: más destituciones
El Pleno de la JNJ ha ordenado la destitución de la jueza superior Enma Benavides Vargas y de la fiscal Azucena Solari Escobedo por faltas disciplinarias graves.
En el caso de Enma Benavides, la investigación reveló que la magistrada había interferido indebidamente en una investigación penal en su contra, con el claro objetivo de mejorar su posición y evitar las consecuencias legales.
Aún más preocupante, se comprobó que Benavides había engañado deliberadamente a la opinión pública al mentir sobre sus antecedentes disciplinarios, un acto que la JNJ consideró una falta ética y de transparencia imperdonable.
En el caso de Enma Benavides, la investigación reveló que la magistrada había interferido indebidamente en una investigación penal en su contra, con el claro objetivo de mejorar su posición y evitar las consecuencias legales.
Por su parte, Azucena Solari fue destituida por no haber actuado con la debida independencia y objetividad al momento de validar informes que sirvieron de base para la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla Corrales.
Esta convalidación acrítica de documentos que comprometían a una colega fue considerada por la JNJ como una grave falta disciplinaria que atentaba contra los principios fundamentales de la función fiscal.
